El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expresó su respaldo a la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros y otras prácticas taurinas en Colombia, argumentando que esta legislación promueve la protección animal y refleja una evolución cultural en la sociedad.
Según informó la Procuraduría, el jefe del ente de control desestimó los argumentos presentados en las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por el representante Christian Munir Garcés Aljure y el ciudadano Jerónimo Antía Pimentel, quienes cuestionaron la validez de la norma.
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De acuerdo con lo publicado por la Procuraduría, la ley tiene como objetivo principal fomentar una transformación cultural basada en el respeto por la vida animal y contribuir al avance de una cultura de paz. La normativa prohíbe, en un plazo de tres años desde su entrada en vigor, las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo el territorio nacional. Asimismo, establece que, en el caso de actividades taurinas incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (Lrpci), solo se mantendrán los elementos artísticos que no impliquen maltrato animal.
El procurador Eljach destacó que el legislador actuó dentro de su margen de acción al limitar estas prácticas, priorizando el bienestar animal, sin que ello constituya una restricción desproporcionada de los derechos culturales o individuales. Según detalló la Procuraduría, la ley no afecta la crianza de toros de lidia, sino únicamente su uso en espectáculos que impliquen maltrato, lo que descarta cualquier vulneración al derecho de propiedad o expropiación. En ese sentido, se subrayó que la norma respeta los principios de confianza legítima y la función social de la propiedad.
La ley, además, sancionada meses atrás por el presidente Gustavo Petro en la Plaza La Santamaría, también contempla medidas para mitigar el impacto económico en las personas que dependen de las actividades taurinas.
Durante el período de transición de tres años, se implementarán programas de reconversión laboral para estos trabajadores, así como la transformación de las plazas de toros en espacios destinados a actividades culturales y deportivas. Asimismo, se garantizarán iniciativas educativas sobre bienestar animal, incluyendo orientaciones para incorporar este tema en los proyectos escolares.
“De acuerdo con la norma aprobada, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura, Medio Ambiente y del Interior realizarán el acompañamiento en el proceso de reconversión económica a las familias que tradicionalmente venían derivando su sustento económico de la actividad taurina”, precisó la Presidencia, el 21 de julio de 2024.
En su concepto, la Procuraduría reconoció que la tauromaquia ha sido considerada históricamente una manifestación cultural en Colombia. Sin embargo, enfatizó que la protección animal ha adquirido un alto valor constitucional en la actualidad, lo que justifica la prohibición de estas prácticas. Según el procurador Eljach, la ley representa una expresión legítima del principio democrático y armoniza los derechos individuales con el interés general y la protección de la vida no humana.
La decisión final sobre la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024 está ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar los argumentos presentados tanto por los demandantes como por la Procuraduría.
Finalmente, es importante señalar que, otros puntos fundamentales de la ley resaltan las siguientes acciones para desarrollar:
- Prohibición de actividades taurinas: la ley prohíbe de manera definitiva la realización de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia.
- Comisión Interinstitucional: se creará una comisión compuesta por entidades gubernamentales y representantes del sector taurino para supervisar la implementación y seguimiento del programa de reconversión.
- Transformación de plazas de toros: estos centros populares serán convertidos en espacios culturales, lúdicos, deportivos y artísticos, priorizando la integración de las familias afectadas por la prohibición.