El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, que ofició como jefe de seguridad del expresidente de la República Álvaro Uribe, enfrenta un incidente de incumplimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que podría conllevar su expulsión de este tribunal transicional. Lo anterior, debido a que a juicio de los magistrados de este organismo, el exalto oficial no ha hecho aportes significativos de verdad.
Frente a este proceso, la defensa de Santoyo, en un documento de tres páginas enviado a la JEP y que fue revelado el lunes 12 de mayo de 2025 por Blu Radio, argumentó que su cliente ha cumplido con su obligación de aportar a los procesos que tiene en curso y solicitó que se reconozcan las pruebas presentadas en los casos en su contra. Una dura respuesta frente a la postura de la jurisdicción, que advirtió que el exuniformado está poniendo en riesgo el sometimiento aprobado el 17 de septiembre de 2021.
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El incidente, según se precisó, surgió luego del concepto del tribunal de que Santoyo no ha ofrecido información sustancial sobre los crímenes por los cuales es investigado, entre los que se incluyen los casos relacionados con desapariciones forzadas y alianzas con grupos paramilitares. En ese sentido, el general (r), que fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es investigado en Colombia por las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ambos defensores de derechos humanos.
En el documento referido por el citado medio, su abogado pidió que se valoren los aportes entregados por Santoyo -que se encuentra privado de la libertad- a lo largo de esta etapa judicial. En palabras de la defensa, se pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que “se dé valor probatorio a todas sus aserciones y los anexos que ha allegado con sus solicitudes o respuestas a cada uno de los requerimientos de la Jurisdicción”, al destacar los esfuerzos hechos desde su reclusión para garantizar estas contribuciones.
Los argumentos de la defensa de Mauricio Santoyo en respuesta a la JEP
Asimismo, en su escrito, la defensa del general (r) Santoyo sostuvo su inocencia en los crímenes por los que se le investiga en el país, al indicar que no se puede exigir a una persona que confiese hechos en los que no estuvo involucrada. “Una persona que no ha tenido participación alguna en un hecho no puede, así lo constriñan en contra de su voluntad, dar razones o aportar circunstancias detalladas y concretas respecto de esos hechos que no conoce”, se le leyó en el documento, revelado por Blu Radio, y con el que se trató de precisar que las acusaciones de incumplimiento no serían ciertas.
Es válido destacar que el general retirado desempeñó diversos cargos clave dentro de la Policía Nacional, como el de subdirector antisecuestro y antiextorsión, entre diciembre de 1999 y mayo de 2001; al igual que comandante del cuerpo élite antiterrorista en Medellín durante 2001. Asimismo, tras esta labor, fue designado como jefe de seguridad del expresidente Uribe entre 2002 y 2005; en funciones que hoy siguen siendo objeto de investigaciones por parte de la justicia.
“Si se le está pidiendo un imposible a mi representado, en tanto debe dar cuenta de detalles que no conoce por no haber tenido participación en el hecho, no puede, por ello, desconocerse sus derechos fundamentales”, se añadió por parte de la defensa, que indicó que se podría estar incurriendo en un uso arbitrario de las facultades legales otorgadas a los magistrados si se exige información basada en rumores y/o conjeturas.
El exalto oficial fue extraditado a Estados Unidos en 2012 y condenado por colaborar con grupos paramilitares en el tráfico de drogas. Tras cumplir su sentencia en ese país, regresó a Colombia, a enfrentar este nuevo capítulo judicial, que lo vincula esta vez a la justicia transicional que fue creada en 2017, tras el Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En caso de que se determine que no entregó verdad a la JEP, la decisión podría ser la de su exclusión del proceso que avanza en el tribunal.
Y es que según plantean los defensores de Santoyo, “la diferencia entre un real conocimiento y algo que debería saber por qué en su juicio arbitrario y subjetivo le parece a los magistrados, es la diferencia entre administrar justicia con independencia reglada o hacer uso y abuso arbitrario de las facultades”.