A 41 años del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Belisario Betancur y uno de los primeros en confrontar abiertamente al cartel de Medellín, su familia entregó a la Rama Judicial un archivo documental inédito que permaneció resguardado durante más de cuatro décadas.
Este material será custodiado por el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia, como parte de un homenaje a la vida y el legado de uno de los mártires de la lucha contra el narcotráfico en Colombia.
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La entrega se realizó en una ceremonia encabezada por el Consejo Superior de la Judicatura, en la que se reconoció a Lara Bonilla como un “símbolo de integridad, valentía y compromiso con el país”. Para Claudia Expósito Vélez, magistrada de la Judicatura, el acto tiene un profundo valor institucional y emocional: “Nos convoca un hecho emotivo para la Rama Judicial”, expresó al recibir el archivo de manos de la familia del exministro.
El legado documental, compuesto por cartas, notas, discursos, registros oficiales y otros documentos personales, no solo representa una fuente histórica invaluable, también un testimonio del carácter de Lara Bonilla. Así lo afirmó Mary Lucero Novoa, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura: “Este homenaje es un compromiso de mantener vivo su legado a quien con valor defendió sus convicciones”.
Por su parte, Paola Zuluaga, directora del Centro de Documentación Judicial, subrayó que la donación trasciende lo material: “No son solo piezas materiales, sino testimonios de una vida entregada con coraje, ética y amor al servicio del país”.
Visiblemente conmovido, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro y actual senador, agradeció el homenaje y destacó la importancia del acto para la memoria familiar e histórica: “Este fue un homenaje que me conmovió en cada etapa y en cada punto del mismo. Yo agradezco porque se preparó con amor y con verdadero compromiso y sentimiento”.
Este acto de entrega cobra aún más relevancia tras la solicitud de investigación que la familia Lara ha promovido desde hace años para que el crimen de Rodrigo Lara Bonilla no quede impune. En 2020, Lara Restrepo envió una carta a la Fiscalía General solicitando que se vincule a Carlos Lehder Rivas, exnarcotraficante del Cartel de Medellín, al proceso por el asesinato de su padre.
El regreso de Lehder a Colombia el 28 de marzo de 2025, tras haber cumplido una condena de 33 años en Estados Unidos, reavivó los reclamos de justicia. En una entrevista con el programa Los Informantes, Lehder habló sobre el asesinato del ministro Lara Bonilla en abril de 1984. Aunque negó su participación directa, no ocultó su complicidad ideológica en aquel momento:
“Felicité a Escobar por la muerte del ministro, pero vuelvo y le reitero, esa era mi posición en esa época (…) Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del ministro. Yo le reclamé y le dije ‘usted mató al ministro, no me avisó’”.
Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata de Rodrigo Lara Restrepo, que señaló en entrevista con Blu Radio que Lehder debe responder judicialmente por el crimen y anunció que su familia solicitó a la Fiscalía retomar las investigaciones: “No se trata de un asunto de perdón. Uno perdona cuando ha habido un ejercicio de justicia, cuando ha habido verdad, cuando una persona responde por sus delitos. Pero él es tan desafiante que llega a Colombia como si no tuviera que responder por ninguno”.
En la misiva enviada a la Fiscalía en 2020, Lara Restrepo sostuvo que Carlos Lehder fue un “reconocido líder y miembro del grupo criminal denominado Cartel de Medellín”, y recordó que “la orden directa para la ejecución de mi padre fue impartida por la cúpula de esa organización, incluidos Pablo Emilio Escobar Gaviria y Carlos Enrique Lehder Rivas”.
“Todos esos delitos permanecen impunes y fueron cometidos por la organización sobre la cual él (Carlos Lehder) ejercía control y mando”, aseguró.
En ese contexto, el archivo entregado a la Rama Judicial, lejos de ser un cierre, podría significar un punto de partida y una oportunidad para reabrir el caso, formular preguntas, esclarecer responsabilidades y honrar la memoria. Como señaló la magistrada Claudia Expósito Vélez, la entrega de estos documentos es “un acto de justicia, pero también un recordatorio del precio que se ha pagado por la democracia”.
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