Según informó la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia de imputación de cargos celebrada el 8 de mayo, Guevara habría participado en reuniones clave con congresistas interesados en contratos millonarios relacionados con obras públicas. El ente investigador detalló que estas reuniones se llevaron a cabo en diciembre de 2023, cuando Guevara aún ocupaba su cargo en el Ministerio de Hacienda como viceministro.
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De acuerdo con la fiscal delegada María Cristina Patiño, el 5 de diciembre de 2023, Guevara y María Alejandra Benavides, exasesora de la cartera de Hacienda, se reunieron con miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En este encuentro, se discutió la viabilidad de proyectos contractuales que, presuntamente, serían ejecutados en 2024. Entre los congresistas presentes se encontraban Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Karen Astrid Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera. Según la Fiscalía, estos parlamentarios mostraron un claro interés en contratos de obras en municipios como Gamarra, El Salado y Carmen de Bolívar, los cuales sumaban un valor aproximado de $90.000 millones.
La investigación también señala que Benavides actuaba como intermediaria entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas, con el conocimiento y aval del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Con base en los registros presentados por la Fiscalía, Benavides informaba periódicamente a Bonilla sobre el avance en el direccionamiento de los contratos. En una reunión celebrada el 6 de diciembre de 2023 en el despacho de Bonilla, se acordó que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), serían los encargados de gestionar las actuaciones necesarias en la Ungrd.
El 11 de diciembre de 2023, Benavides entregó a Ramírez Cobo un sobre sellado que contenía una lista de los contratos y sus valores unitarios. La Fiscalía reveló que Ramírez Cobo solicitó además los nombres y contactos de las personas en los municipios donde se desarrollarían los proyectos, información que fue proporcionada por los congresistas involucrados. Entre los contratos mencionados se encuentran uno en Cotorra, Córdoba, por $50.000 millones; otro en El Salado, Bolívar, por $12.356 millones; y un tercero en Saravena, Arauca, por $30.000 millones. Estos recursos estaban destinados, en teoría, a obras de contención y prevención de inundaciones, así como a la mitigación de la erosión causada por lluvias.
En la audiencia, Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que incluyen el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de cómplice. Sin embargo, la exasesora confirmó que se encuentra en negociaciones con el ente investigador para firmar un principio de oportunidad, lo que le permitiría colaborar como testigo clave en el caso a cambio de beneficios judiciales. La fiscal Patiño indicó que Benavides recibió medidas de protección debido a amenazas contra su integridad.
La Fiscalía también reveló que Benavides, bajo juramento, declaró que fue presionada por Bonilla para autorizar un millonario desembolso a la Ungrd. Según sus palabras, Bonilla utilizó su posición sin considerar las consecuencias. “Él me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, afirmó Benavides durante su declaración.
El caso ha salpicado a otros altos funcionarios, incluidos el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. Según la Fiscalía, estos actores habrían participado en reuniones estratégicas para garantizar el direccionamiento de los contratos. Además, se investiga un supuesto acuerdo entre Bonilla, Velasco y Ramírez Cobo para destrabar la aprobación de créditos internacionales mediante el apoyo de senadores y representantes a la Cámara.
En abril de 2024, salieron a la luz conversaciones registradas en diciembre de 2023 entre Benavides y Diego Guevara, las cuales refuerzan las acusaciones de la Fiscalía. Estas comunicaciones evidencian la coordinación entre ambos para avanzar en los proyectos contractuales que beneficiarían a los congresistas involucrados.