El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, expresó su preocupación por el comportamiento del presidente Gustavo Petro frente a las decisiones judiciales.
En una entrevista con la Revista Semana, Álvarez subrayó que “el primer obligado para acatar la Constitución, la ley y los fallos judiciales es el señor presidente de la república”.
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En relación con el fallo de la Sala de Consulta que definió la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar administrativamente la campaña presidencial de Petro, Álvarez explicó que esa resolución estableció límites claros.
Aclaró que, aunque el CNE puede adelantar la investigación, no tiene atribuciones para decretar la pérdida del cargo del presidente, ya que esa competencia recae exclusivamente en la Comisión de Acusación.
Sobre la suspensión de ese proceso por parte de la Corte Constitucional, liderada por el magistrado Vladimir Fernández, Álvarez precisó que se trató de una medida cautelar, no de una decisión definitiva. Agregó que la suspensión buscó evitar un “perjuicio irremediable” si el CNE emitía una decisión mientras el caso seguía en estudio.
Respecto a la legitimidad de esa medida, considerando que Fernández fue ternado por Petro y ha sido mencionado en el escándalo de la UNGRD, Álvarez sostuvo que “la dignidad de la magistratura exige que uno ponga la cara para explicar si hay alguna tacha sobre su pasado o su desarrollo profesional”.
Consultado sobre el argumento de que esa suspensión evitó una “crisis institucional”, respondió que es posible considerar ese enfoque, aunque subrayó que la medida fue ampliamente debatida entre los magistrados.
Sobre las implicaciones del escándalo en la imagen de la justicia, el magistrado señaló que “la Justicia tiene sus propios controles” y que, ante cualquier señalamiento, deben actuar las autoridades competentes, como la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación.
Álvarez rechazó la afirmación del presidente Petro de que las decisiones judiciales conforman un “golpe de Estado”. Aseguró que las instituciones políticas y jurídicas funcionan con normalidad en el país y que “no puede hablar de un golpe de ninguna naturaleza, porque las instituciones están funcionando”.
Frente a las críticas de que el Consejo de Estado tiene una postura adversa al Gobierno, el magistrado recordó que esta corporación fue la que “le devolvió los derechos políticos al presidente”, lo cual le permitió postularse y resultar elegido. Enfatizó que en el Consejo no existe una agenda política ni un sesgo ideológico en sus fallos.
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno convoque una consulta popular por decreto, afirmó que “lo que no puede hacerse vía ley no puede adoptarse vía decreto”, dejando claro que la autorización del Senado es indispensable para tramitar una consulta.
Por último, sobre la polémica transmisión de los consejos de ministros como alocuciones, Álvarez señaló que el derecho a la pluralidad informativa debe ser garantizado y que la sala responsable decidirá si se ha incurrido en desacato.
“Es un mal mensaje cuando el mandatario… propicia el desacato de las decisiones judiciales”, concluyó.