Durante la firma del contrato de concesión de la Asociación Público-Privada (APP) para el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, en el departamento de Caldas, el presidente Gustavo Petro anunció que su administración dejará financiadas las principales troncales férreas del país.
Este proyecto busca conectar el centro de Colombia con la costa Caribe, lo que marcó un cambio en la política de transporte nacional hacia un modelo que priorice el uso del tren para carga y pasajeros.
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Este anuncio se enmarca en el plan del Gobierno del Cambio de redirigir recursos destinados a las autopistas 4G y 5G hacia el desarrollo ferroviario.
De acuerdo con el mandatario, el esquema de vigencias futuras, que actualmente contempla más de 100 billones de pesos para proyectos viales, será modificado para dar prioridad al transporte férreo. Este cambio, según explicó, responde a la necesidad de transformar la movilidad nacional y reducir la dependencia de las carreteras, promoviendo alternativas más sostenibles y eficientes.
Margarita Rosa y Gustavo Petro comparten la crítica hacia los banqueros
En el mismo evento, Petro dirigió críticas al sector financiero, específicamente al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y a Bancolombia. El presidente exigió la devolución de 2 billones de pesos que, según él, pertenecen al pueblo colombiano. Estas declaraciones están relacionadas con el proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, cuya construcción no ha avanzado, mientras que los recursos destinados a la obra permanecen en una fiducia generando rendimientos financieros. “Carlos Sarmiento Angulo debe devolvernos los 2 billones que le pertenecen al pueblo colombiano. Y los demás también. Y cuando se cumpla la obra, giramos. No tenemos ningún problema en hacerlo”, afirmó el mandatario.
Estas declaraciones han generado eco en diversos sectores, incluyendo figuras públicas como la exactriz y filósofa Margarita Rosa de Francisco, que expresó su apoyo al reclamo del presidente a través de sus redes sociales. “¿Por qué el Grupo Aval y Bancolombia no devuelven la plata (nuestra) que está en sus bancos, ganando intereses, y que estaba destinada a la construcción de carreteras que nunca se hicieron?”, escribió la también escritora.
El proyecto Mulaló-Loboguerrero, que busca mejorar la conectividad entre el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura, ha enfrentado múltiples retrasos y controversias. Según Petro, la falta de avances en esta obra refleja los problemas estructurales en la ejecución de proyectos de infraestructura en el país.
Firma de contrato apunta a reactivar la red de trenes con compromisos sobre sostenibilidad
El contrato de concesión firmado en La Dorada es parte de un esfuerzo más amplio por reactivar el transporte ferroviario en Colombia, un sector que históricamente ha sido relegado en favor de las carreteras. Este corredor férreo, que conectará La Dorada, en el departamento de Caldas, con Chiriguaná, en el Cesar, es considerado estratégico para mejorar la competitividad del país al facilitar el transporte de mercancías entre el interior y la costa Caribe. Según el Gobierno, este proyecto no solo reducirá costos logísticos, también contribuirá a la reducción de emisiones de carbono, alineándose con los objetivos de sostenibilidad ambiental.
El presidente Petro destacó que este tipo de iniciativas son fundamentales para superar los problemas históricos en la infraestructura de transporte del país. Además, reiteró que su administración está comprometida con garantizar la financiación de futuros proyectos ferroviarios mediante el uso de vigencias futuras, asegurando así la continuidad de estas obras más allá de su mandato. Este enfoque, según el mandatario, busca sentar las bases para un sistema de transporte más equitativo y eficiente, que beneficie tanto a las regiones productivas como a las comunidades más apartadas.
La apuesta por el desarrollo ferroviario también responde a la necesidad de diversificar las opciones de transporte en un país donde las carreteras han sido tradicionalmente la única vía para movilizar carga y pasajeros. Con este cambio de enfoque, el Gobierno espera no solo mejorar la conectividad interna, sino también reducir los costos asociados al transporte terrestre, que actualmente representan una carga significativa para la economía nacional.