La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) manifestó su profunda preocupación frente al borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que modifica las tarifas de autorretención y las bases mínimas de retención en la fuente, como mecanismo para anticipar el recaudo tributario proyectado para 2026.
El gremio, que representa a miles de empresas de todos los tamaños y sectores del país, reconoce el desafío fiscal que enfrenta el país, pero cree que las soluciones no pueden construirse a costa de la estabilidad empresarial, la generación de empleo ni la sostenibilidad del tejido productivo.
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De acuerdo con el mismo, que lidera la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, la medida, presentada sin un debate democrático ni una reforma estructural que respalde su impacto, genera incertidumbre y vulnerabilidad económica para miles de empresas formales que hoy cumplen con sus obligaciones, sostienen empleo y apoyan al crecimiento nacional.
“Anticipar ingresos de un futuro incierto no resuelve las tensiones fiscales de fondo, y en cambio, traslada el problema al próximo Gobierno, debilitando la planeación a mediano plazo y sembrando dudas sobre la seriedad de nuestra política tributaria. Más aún, al reducir las bases mínimas de retención y aumentar las tarifas sin criterios de progresividad, se pone en riesgo la liquidez de pequeños empresarios, emprendedores y sectores estratégicos como la construcción, la energía y la industria extractiva”, advirtió Aliadas en un comunicado denominado “Hipotecar el futuro para financiar el presente”.
Brechas económicas y sociales
Esto, según el gremio, no solo afecta la inversión y el crecimiento; ya que también compromete el objetivo que comparten las empresas de fortalecer la formalidad y cerrar brechas económicas y sociales.
Asimismo, insistió en que Colombia necesita un modelo tributario transparente, justo y construido con diálogo. Esto, teniendo en cuenta que lo que está en juego no es solo una cifra de recaudo, sino la confianza, la estabilidad jurídica y la posibilidad real de avanzar hacia un país más equitativo y próspero.
Además del llamado a revisar esta medida, Aliadas enfatizó en en la necesidad urgente de reducir el gasto público. Apuntó que “no se puede seguir trasladando la carga fiscal al sector productivo mientras no exista una revisión rigurosa, eficiente y responsable del uso de los recursos del Estado”. A su vez, que la sostenibilidad fiscal también se construye con austeridad, eficiencia y responsabilidad en el gasto.
Para finalizar, confirmó la disposición a aportar con responsabilidad técnica, compromiso social y visión de futuro a cualquier discusión sobre el fortalecimiento fiscal del país. “Lo haremos con voz clara para exigir coherencia institucional, y con liderazgo para promover una transformación que ponga a Colombia primero”.
Mayor carga tributaria para las empresas
La preocupación de Aliadas la confirman expertos en el asunto. Por ejemplo, el profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, desestimó el hecho de que muchas personas a favor del Gobierno aducen que el adelanto de impuestos que se quiere decretar no constituye un aumento de impuestos o de carga tributaria. Según él, eso no es cierto, ya que sí se puede.
Al respecto, explicó que la retención en la fuente que practican terceros y la autorretención que se practican las empresas se calcula sobre pagos, mientras que el impuesto a las utilidades e ingresos, que aquí se llama de renta, se calcula después de descuentos y deducciones.
Así, según dijo, “una empresa que debe pagar un porcentaje mayor de retención en la fuente sobre lo que factura, paga ahora un impuesto sobre las utilidades que eventualmente generaría tal facturación, pero dichas utilidades sólo se realizarán el año siguiente, y pueden incluso no existir”.
Dejó claro que este efecto puede aumentar la carga tributaria neta, llevándola a niveles insoportables en términos financieros para una empresa, en particular cuando caen las utilidades o no hay utilidades, debido a que en efecto transforma el impuesto sobre las utilidades a un impuesto sobre ingresos.
Y remarcó que no sólo este argumento muestra que la reforma propuesta por decreto al impuesto de renta es inconveniente, ya que sí puede aumentar la carga tributaria en un escenario de menores utilidades, sino que lo hace sin tener aprobación del Congreso de la República, lo que es contrario a la Constitución.