La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue posibles irregularidades en la reciente modificación del manual de funciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que, según ella, podría abrir la puerta a nombramientos con motivaciones políticas y no técnicas.
“Acabo de radicar una solicitud formal ante la Procuraduría General para que investigue la modificación del manual de funciones de la ANLA con ocasión de la llegada de Irene Vélez, quien pretende nombrar profesionales en filosofía y teología. Como hicieron con el Ministerio de Minas y Energía prefirieron la meritocracia sobre los expertos técnicos”, escribió Cabal en su cuenta de X, en una crítica directa a lo que considera una politización de las entidades técnicas del Estado.
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La queja, dirigida al procurador general Gregorio Eljach Pacheco, se fundamenta en la Resolución 000686, expedida el pasado 14 de abril de 2025 por el director general encargado de la Anla, Edilberto Peñaranda Correa. El primer inciso del apartado ‘Resuelve’ en la norma establece lo siguiente: “Modificar el manual específico de funciones y de competencias laborales, el cual hace parte integral de la presente resolución, para incluir otro núcleo básico del conocimiento, asociado al área del conocimiento de las ciencias humanas en las fichas de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental y la Dirección General”.
Entre los cambios, se incluyó como requisitos habilitantes para varios cargos técnicos —como Subdirector Técnico, Asesor y Profesional Especializado—, titulaciones en carreras como Filosofía, Teología y afines.
La senadora sostiene que estos perfiles profesionales no están relacionados con la naturaleza técnica, jurídica ni ambiental de la Anla, una entidad clave en la evaluación y otorgamiento de licencias ambientales en el país.
“Esta modificación pone en entredicho los principios de mérito, especialidad e idoneidad técnica, y sugiere una posible instrumentalización del manual de funciones para facilitar el ingreso de personas específicas dentro de dichos cargos”, se lee en la solicitud.
Cabal advirtió que el cambio normativo ocurrió poco antes del nombramiento de la actual directora de la entidad, Irene Vélez, lo cual a su juicio podría responder a un intento de abrir espacios para allegados a la nueva administración.
La senadora ya había sido crítica del paso de Vélez por el Ministerio de Minas y Energía, cuestionando sus decisiones y su perfil académico.
En su queja, la congresista recuerda que el artículo 6 de la Constitución Política establece que los servidores públicos son responsables por infringir la ley y que deben actuar exclusivamente dentro del marco de sus competencias. Asimismo, invoca la Ley 1952 de 2019, que establece como deber de los funcionarios cumplir con diligencia y eficiencia sus responsabilidades, así como acatar los manuales de funciones y abstenerse de actos que impliquen abuso del cargo.
“Los manuales de funciones están diseñados precisamente para garantizar la idoneidad y evitar que criterios subjetivos o intereses políticos se impongan en el nombramiento de personal técnico”, dijo Cabal a medios de comunicación. La senadora argumenta que la modificación no solo debilita el rigor técnico de la entidad, sino que también podría representar una puerta abierta a la politización de decisiones ambientales estratégicas para el país.
Hasta el momento, la Procuraduría General no ha emitido una respuesta pública sobre si abrirá una investigación formal. Sin embargo, la queja de Cabal se suma a una serie de cuestionamientos que sectores de oposición han hecho al Gobierno en relación con el uso de entidades del Estado para nombramientos que, a su juicio, obedecen más a afinidades ideológicas que a criterios de competencia técnica.
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