Daniel Ávila dejará su cargo como viceministro de Relaciones Exteriores por motivos personales.
Ávila, que asumió el puesto el 30 de enero tras el nombramiento de Laura Sarabia como canciller, se retira tras apenas tres meses en el cargo.
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Su salida marca un cambio temprano en el equipo de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Durante su breve gestión, Ávila fue una figura clave en la interlocución con Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la cooperación bilateral para la lucha contra el narcotráfico.
Ávila y su tarea designada: la certificación antidrogas de Estados Unidos
En los primeros meses de 2025, lideró parte de la avanzada diplomática enviada por el Gobierno de Gustavo Petro para demostrar a la administración estadounidense el compromiso colombiano en la erradicación de cultivos ilícitos y la reducción del tráfico de drogas.
A lo largo de febrero y marzo, voceros del gobierno estadounidense, incluidos el senador Marco Rubio y autoridades del Departamento de Estado, expresaron preocupación por los resultados obtenidos en esta materia.
El informe más reciente de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL, por sus siglas en inglés) señaló un récord en los niveles de cultivo de coca en Colombia, generando presiones adicionales al gobierno de Petro para tomar medidas más contundentes.
En su lugar, asumirá Rosa Yolanda Villavicencio, quien cuenta con experiencia previa en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha trabajado como asesora en la misma entidad, según el medio W Radio.
Su designación representa el inicio de una nueva etapa en la Vicecancillería, con la incorporación de una figura que ha demostrado conocimiento y capacidad en el sector público.
Villavicencio llega al cargo con un perfil que combina experiencia administrativa y un enfoque en la gestión de recursos.
Villavicencio, de nacionalidad colombiana, es licenciada en Economía y cuenta con una especialización en mujer y desarrollo, además de un máster en migraciones y relaciones intracomunitarias.
Residente en España desde hace veinticuatro años, ha destacado por su labor en favor de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos humanos.
La nueva viceministra de Relaciones Exteriores no hablaría una segunda lengua
Su trayectoria ha sido reconocida por su compromiso con la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, especialmente inmigrantes, y por su incidencia en temas relacionados con la inclusión social.
Sin embargo, según la hoja de vida proporcionada por la Cancillería, Villavicencio tiene un nivel “regular” en inglés, tanto en escritura como en conversación, de acuerdo al medio mencionado.
Este detalle resulta relevante, ya que el manejo fluido de un segundo idioma es una de las competencias necesarias para el puesto que ahora ocupa.
La falta de dominio avanzado en una lengua extranjera podría representar un desafío en el desempeño de sus funciones, especialmente en un cargo que implica relaciones internacionales y comunicación constante con actores de otros países.
Villavicencio y la investigación de la Procuraduría por presunta corrupción
No obstante, la trayectoria de Villavicencio no ha estado exenta de controversias.
En 2024, la Procuraduría General de la Nación adelantó una investigación disciplinaria en su contra, según informó el medio Colexret.
El expediente (IUS E-2023-229517) buscaba establecer si, desde su cargo en la Cancillería, Villavicencio incurrió en posibles conflictos de interés al favorecer con subvenciones o contratos a la ONG Aesco, de la cual es fundadora y fue secretaria general entre 2016 y 2022.
La investigación, aunque no derivó en una sanción pública conocida, generó críticas sobre la transparencia en el manejo de recursos y la gestión migratoria.
Villavicencio fue nombrada asesora mediante resolución 8363 del 3 de noviembre de 2022, firmada por el entonces canciller Álvaro Leyva.
En abril de 2024, participó en la firma de la Resolución 2996 que reglamenta la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, en cumplimiento de la Ley 1465 de 2011.
Aunque presentado como un avance, el proceso llega con 13 años de retraso y con antecedentes de intentos fallidos, como el encuentro de 2016 que, según Colexret, reunió propuestas de organizaciones de la diáspora —incluida Aesco— que nunca fueron implementadas.
Las críticas a Colombia Nos Une
La gestión de Colombia Nos Une ha sido objeto de elogios y cuestionamientos.
Aunque se reconocen ciertos logros del programa, persisten dudas sobre su capacidad para abordar de manera integral las necesidades de los colombianos en el exterior.
La Ley 1565 de 2012, conocida como la Ley Retorno, también ha sido criticada por su limitada efectividad.
Según testimonios recogidos por el medio mencionado, muchos colombianos que consideran regresar al país enfrentan barreras significativas, como la dificultad para acceder a un seguro de salud adecuado, lo que hace que el retorno sea inviable para una gran parte de la diáspora.