En Colombia, el acceso a los servicios de salud enfrenta serias dificultades, lo que llevó a un aumento significativo en la automedicación y en el uso de alternativas no convencionales como consultas a curanderos, yerbateros y comadronas.
Según un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas prácticas crecieron de manera alarmante en el último año, reflejando una pérdida de confianza en el sistema de salud formal y una respuesta insuficiente por parte de las instituciones encargadas de garantizar este derecho fundamental.
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De acuerdo con la entidad, el porcentaje de hogares que enfrentaron barreras de acceso a los servicios de salud aumentó del 1,8% en 2023 al 2,9% en 2024, un incremento que calificaron como estadísticamente significativo.
Este fenómeno se da en un contexto en el que más de dos millones de personas reportaron haber estado enfermas durante el último año, pero solo el 63% de ellas logró recibir atención adecuada a través del sistema de seguridad social.
Esta cifra representa una caída frente al 68% registrado en 2023, lo que evidencia una disminución en la capacidad de respuesta del sistema de salud colombiano.
Ante las deficiencias en la atención institucional, los colombianos han optado por alternativas no tradicionales para tratar sus dolencias.
Según el Dane, las consultas a curanderos, yerbateros y comadronas aumentaron un 148,9% en 2024, mientras que el uso de terapias alternativas como la acupuntura, la homeopatía y la musicoterapia creció un 90%.
Además, el uso de remedios caseros experimentó un incremento del 84,9%, y la automedicación subió un 97,5%.
Ricardo Valencia, subdirector del Dane, explicó a Valora Analitik que este fenómeno refleja una tendencia preocupante hacia la informalización de la atención en salud. Según Valencia, estas cifras son un indicativo de la exclusión sanitaria que enfrentan muchos ciudadanos, quienes recurren a estas prácticas debido a la falta de acceso oportuno y efectivo a los servicios médicos formales.
“Las personas recurrieron a sistemas distintos para atender los problemas de salud. Entre estos, se destacaron las consultas a curanderos, yerbateros o comadronas, que aumentaron en un 148%”, dijo Valencia.
El informe del Dane también destacó que, aunque la pobreza multidimensional en Colombia se redujo del 12,1% en 2023 al 11,5% en 2024, el acceso a la salud sigue siendo un punto crítico.
De los 15 indicadores que conforman el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el único que mostró un retroceso fue el relacionado con las barreras de acceso a los servicios de salud.
Este problema afecta especialmente a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Boyacá, Bogotá, Tolima, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía, donde las dificultades para acceder a la atención médica son más pronunciadas.
En este contexto, el número de personas en situación de pobreza que reportaron haber estado enfermas aumentó de 1,6 millones en 2023 a 2,2 millones en 2024. Sin embargo, muchas de estas personas optaron por no tratar sus síntomas a través del sistema de salud formal.
En cambio, se registró un aumento del 16,5% en las consultas con médicos particulares, lo que refleja un mayor gasto de bolsillo por parte de los hogares.
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, calificó las cifras del IPM como alarmantes, señalando que la crisis del sistema de salud está empobreciendo a los colombianos y afectando su capacidad de acceder a un derecho fundamental.
Vesga destacó que, hasta 2023, la salud era uno de los factores que más contribuía a la reducción de la pobreza multidimensional en el país. Sin embargo, el aumento del gasto de bolsillo, la baja tasa de vacunación y la reaparición de enfermedades que se creían superadas son indicadores de un retroceso preocupante.
“Hasta 2023, la salud era la política que más contribuía a la reducción de la pobreza multidimensional y de la inequidad. Otro indicador que se revierte, así como el aumento del gasto de bolsillo, la baja tasa de vacunación o la reaparición de enfermedades que creíamos superadas. Es urgente diseñar una ruta para recuperar la senda, hacer los ajustes requeridos y ofrecer soluciones a los pacientes y al sostenimiento del sistema y sus agentes”, afirmó Vesga en declaraciones a El Tiempo.
Por su parte, Cristina Isaza, directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, advirtió, en entrevista con El Tiempo, que el aumento en las consultas a curanderos y yerbateros es un reflejo del desespero de la ciudadanía y de la exclusión sanitaria que enfrentan millones de colombianos.
Isaza subrayó que el derecho a la salud no se limita a tener una EPS, sino que implica un acceso efectivo a diagnósticos oportunos y tratamientos seguros. La falta de estas garantías, según la experta, incrementa los riesgos de complicaciones, enfermedades mal tratadas y muertes evitables.
El médico y experto en políticas de salud pública, Ramón Abel Castaño, advirtió que la actual crisis del sistema de salud podría tener consecuencias graves a largo plazo. Según Castaño, el aumento del gasto de bolsillo y la menor cobertura del sistema de seguridad social podrían llevar a que más hogares enfrenten situaciones de pobreza debido a los costos asociados con la atención médica.
“La salud es uno de los grandes generadores de pobreza, tanto por la falta de acceso a la salud como por el gasto que los hogares deben hacer”, dijo Castaño a El Tiempo.
Castaño recordó que, durante la pandemia de Covid-19, Colombia logró evitar que las familias se endeudaran o vendieran sus bienes para pagar servicios médicos, algo que sí ocurrió en otros países de la región. Sin embargo, el deterioro actual del sistema de salud podría revertir estos logros y agravar las desigualdades sociales.
Ante este panorama, expertos y organizaciones hicieron un llamado al Gobierno para que implemente medidas urgentes que permitan recuperar la capacidad del sistema de salud y garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos.
Según Ana María Vesga, es fundamental diseñar una ruta que permita ajustar las políticas actuales y ofrecer soluciones sostenibles tanto para los pacientes como para los agentes del sistema de salud.
El informe del Dane y las opiniones de los expertos reflejan una realidad preocupante para millones de colombianos, quienes enfrentan barreras crecientes para acceder a un derecho fundamental. La informalización de la atención en salud no solo pone en riesgo la calidad de vida de la población, sino que también amenaza con perpetuar las desigualdades y la pobreza en el país.