Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, continúa en su proceso con la justicia colombiana luego de que se declara inocente de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que lo llevará a enfrentar un juicio, en el que tendrá que demostrar que no es culpable de las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Mientras avanza el caso, Alejandro Carranza, abogado defensor, retiró su solicitud de que se lleve a juicio las declaraciones que el exdiputado del Atlántico dio cuando estaba negociando con las autoridades un principio de oportunidad para colaborar en el proceso judicial.
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El propósito de la defensa es que no sean utilizadas por parte de la Fiscalía General de la Nación en el proceso que enfrenta su cliente y que, en cambio, se tenga en cuenta un acta, que demuestre que hubo un principio de oportunidad fallido. Esto probaría que las declaraciones que él dio no las entregó para confesar ni para autoincriminarse.
“La defensa le ha dicho, su señoría, que este acto no puede ser usado contra el procesado, pero observamos que la Fiscalía le solicitó que se ingresara a juicio esas declaraciones, entonces surge esa necesidad que haya una valoración clave y plantear la ilicitud de pruebas derivadas de un principio de oportunidad fallido”, insistió el abogado al juez.
Carranza radicó una petición para que se tenga en cuenta la resolución del 10 de marzo de 2023 sobre la conformación del grupo de tareas especiales por parte de la entonces vicefiscal general Martha Mancera. A juicio del litigante, la medida “evidenciaría irregularidades en el origen de la investigación”, serviría “para revisar si había conflicto de interés entre los fiscales del caso”.
De igual manera, sostuvo que el recurso facilita la identificación de irregularidades, además de “revisar si hubo abuso de la Fiscalía, si no hubo actos administrativos para designar el fiscal como correspondía y si esas actuaciones pudieron ser raíces de frutos envenenados en el caso”.
Así las cosas, la estrategia de la defensa del hijo mayor del presidente de la República es clara, demostrar que hubo un sesgo institucional a lo largo del proceso.
Carranza también pretende que se acepte como material probatorio un documento entregado pro Tigo Colombia para demostrar que el número de teléfono con el que supuestamente se acordaron los millonarios insumos para la campaña presidencial de Petro no estaba registrado a nombre de Nicolás Petro.
“Buscamos acreditar que este número de teléfono que aparece allí no era de portabilidad del señor Nicolás Petro y que luego hubo mensajes que desde allí se enviaron a nombre de él, pero no era él”, puntualizó.
A propósito, la defensa solicitó que en el juicio se contemplen diez folios de la entrevista que hizo el ente acusador a Blanca Gutiérrez, “como prueba de contexto y refutación”, pues esta, pese a ser una prueba del acusador, “también demostraría sesgo institucional”.
Incluso, busca que se ratifique un derecho de petición de Blanca Gutiérrez, en el que “demostrarían posibles irregularidades cometidas por el anterior fiscal del caso Mario Burgos y el investigador Víctor Forero”.
Mientras se resuelven las peticiones del abogado Carranza, la defensa aseguró que las denuncias formuladas por Day Vásquez, testigo principal del caso y expareja de Petro Burgos, estarían motivadas por condiciones emocionales alteradas más que por la intención de revelar hechos delictivos.
“Las emociones de la señora Dayssuris Del Carmen Castro han sido objeto de inducción, de manipulación, para alimentar el proceso y generar un escándalo público”, afirmó el abogado ante el juez Hugo Carbonó.