La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que emprenderá procesos judiciales contra más de 14.800 contribuyentes que presentan deudas en mora, las cuales ascienden a un total de 3,4 billones de pesos.
En un comunicado, la entidad informó que, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, llevará a cabo la Jornada Nacional de Cobro, bajo el lema “Al día con la Dian, le cumplo al país”, con el que se busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y recuperar los recursos adeudados al Estado.
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“Estos morosos serán notificados de embargos, avalúos y aplicaciones de depósitos judiciales, y si tenían facilidades de pago suscritas, tampoco podrán solicitar una nueva. Además de los embargos, los morosos se exponen a inclusión en el boletín de morosos del Estado y a procesos penales”, explicó la Dian en el comunicado.
Entre las medidas que tomará la entidad tributaria, se incluyen la ejecución de garantías de pago, embargos, avalúos y la aplicación de depósitos judiciales, además de otras sanciones administrativas y legales.
De acuerdo con la entidad, los contribuyentes afectados por estas acciones no solo enfrentan la posibilidad de perder bienes y recursos, sino que también quedarán inhabilitados para solicitar nuevas facilidades de pago en el futuro.
A su vez, la Dian detalló que las acciones de cobro se centrarán en tres frentes principales. En primer lugar, se iniciará el proceso de avalúo de 587 bienes pertenecientes a 461 contribuyentes, cuyas deudas ascienden a 220.075 millones de pesos. Este procedimiento tiene como objetivo determinar el valor de los bienes que podrían ser embargados y, eventualmente, rematados para saldar las obligaciones pendientes.
En segundo lugar, se gestionarán 5.200 depósitos judiciales por un monto superior a 61.240 millones de pesos. Estos depósitos serán aplicados directamente a las deudas de seiscientos contribuyentes que han incumplido sus compromisos de pago. Finalmente, la Dian revisará el estado de las facilidades de pago previamente otorgadas, sancionando a aquellos que tengan cuotas vencidas o nuevas obligaciones tributarias sin saldar.
“Es fundamental que los contribuyentes en mora se acerquen a la Dian y tomen las acciones necesarias para regularizar su situación. Esta jornada busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar sanciones para quienes aún pueden ponerse al día”, afirmó Luis Eduardo Llinás, director encargado de la entidad.
Sanciones y consecuencias
En caso de que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales, estos se expondrán a una serie de consecuencias legales y administrativas. Entre las medidas más severas se encuentran los embargos sobre cuentas bancarias y bienes, así como la inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
Este último aplica para quienes tengan deudas superiores a 7.117.500 pesos (equivalentes a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes) y acumulen más de seis meses de mora.
Además, los contribuyentes que se encuentren en esta situación podrían enfrentar procesos penales si las circunstancias lo ameritan. Estas acciones legales buscan no solo recuperar los recursos adeudados, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del incumplimiento fiscal en Colombia.
Por último, la Dian espera que esta jornada sirva como un recordatorio de las responsabilidades fiscales que tienen los ciudadanos y las empresas. Al mismo tiempo, la entidad reitera su disposición para ofrecer alternativas de pago a quienes deseen regularizar su situación antes de que se ejecuten las medidas de cobro anunciadas.
La Dian ha enfatizado que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es esencial para garantizar el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios públicos. Por ello, la entidad insta a los contribuyentes en mora a acercarse a sus oficinas y buscar soluciones antes de que las medidas de cobro sean implementadas.
Para la Dian, la Jornada Nacional de Cobro representa un esfuerzo significativo por parte de la entidad para fortalecer la recaudación tributaria y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente.