En Bogotá, el debate sobre el uso del espacio público tomó un nuevo giro con las denuncias presentadas por el Concejal Julián Forero, que señaló que las políticas de la administración distrital han convertido este bien colectivo en un negocio lucrativo.
Según informó el cabildante, medidas como la implementación de zonas de parqueo en vía y el aumento en la imposición de cepos generó un impacto negativo en las comunidades, mientras que el distrito ha recaudado cifras millonarias a costa de los ciudadanos.
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Forero explicó que el Decreto 315 de 2024 establece que las actividades económicas que utilicen el espacio público deben generar una retribución al Distrito capital para garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, en localidades como Teusaquillo y Puente Aranda, los residentes han denunciado que la habilitación de zonas de parqueo en áreas residenciales se realizó sin consulta previa, afectando la movilidad y la calidad de vida en los barrios. A pesar de las quejas, la administración no ha ofrecido respuestas claras, y las zonas de parqueo continúan operando.
Zonas de parqueo: un modelo cuestionado por las comunidades
El concejal Forero señaló que las zonas de parqueo, reguladas desde 2017 por el Acuerdo Distrital 695 y posteriormente reglamentadas mediante el Decreto 519 de 2019, están generando una serie de problemas para los ciudadanos. Según el cabildante, dichas áreas presentan tarifas hasta un 70% más altas que los parqueaderos cerrados, no ofrecen servicios de seguridad ni pólizas, y exponen a los vehículos a hurtos y daños. Asimismo, los conductores que exceden el tiempo de parqueo enfrentan la imposición de cepos, lo que ha incrementado significativamente los ingresos de la administración.
En cifras, Forero destacó que en 2024 se registró un aumento del 116% en la imposición de cepos en comparación con 2023, lo que representó un recaudo de 3.468 millones de pesos en los últimos dos años. “Si parqueo donde alguien cuida carros, estoy invadiendo el espacio público, pero si lo hago en una zona de parqueo habilitada, estoy recuperándolo. Esa es la doble moral de la administración”, afirmó el concejal, que también denunció la falta de equidad en el uso del espacio público.
El “juego macabro” de los parqueaderos en Bogotá
Durante el debate de control político al Sector Movilidad, Forero expuso lo que denominó un “juego macabro” relacionado con los parqueaderos en la ciudad. El cabildante señaló que la administración busca desincentivar el uso del vehículo particular mediante estrategias como la reducción de cupos de parqueaderos fuera de vía y la implementación de zonas de parqueo en vía.
Además, denunció que el artículo 149 del Plan de Desarrollo, presentado por la administración Galán, pretendía imponer una sobretasa del 17% a los estacionamientos fuera de vía, aunque esta medida fue rechazada por el Concejo de Bogotá.
Forero argumentó que estas políticas no ofrecen alternativas viables para los ciudadanos, ya que el sistema de transporte público no tiene la capacidad de cubrir la demanda actual. Según sus cifras, de los 12,2 millones de viajes diarios en Bogotá, solo el 33% se realizan en transporte público, mientras que el resto se lleva a cabo en medios alternativos como vehículos particulares y motos.
Igualmente, el cabildante destacó que la inseguridad en el transporte público, con un aumento del 14% en los hurtos en febrero de este año, y la falta de comodidad en los buses, donde solo el 11,68% de los usuarios pueden viajar sentados, han llevado a los ciudadanos a preferir otros medios de transporte.
Otro de los puntos críticos señalados por el concejal Forero es el déficit de parqueaderos en Bogotá. Actualmente, existen 176.122 cupos para vehículos y motos, lo que deja al 88% de los vehículos matriculados sin un lugar donde estacionar.
Además, el crecimiento del parque automotor, que ya alcanza 1,86 millones de vehículos particulares matriculados en la ciudad, agrava aún más la situación. Ese problema se ve exacerbado por el aumento de viviendas de interés social (VIS), que según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no están obligadas a incluir áreas mínimas de parqueaderos, lo que podría generar una mayor demanda de estacionamientos comunales.
Recaudo millonario y estrategias de control
Forero también denunció que las estrategias de la Secretaría de Movilidad han priorizado el recaudo económico sobre las necesidades de los ciudadanos. Entre enero y febrero de 2025, se realizaron 3.300 operativos contra vehículos mal parqueados, lo que resultó en 13.665 órdenes de comparendo y 3.245 inmovilizaciones. Igualmente, en 2024, los “agentes azules” impusieron 61.787 comparendos, generando ingresos por 37.325 millones de pesos.
El cabildante también criticó el pico y placa solidario, una medida que ha recaudado 423.283 millones de pesos desde su implementación, pero que, según Forero, envía un mensaje contradictorio al permitir que quienes pagan puedan circular sin restricciones. “Si pago, no congestiono ni contamino. Ese es el mensaje que le está enviando la administración a los conductores”, afirmó.
Según el concejal Forero, la administración tiene un plan a largo plazo para reducir la oferta de parqueaderos fuera de vía en un 10% para 2035, mientras aumenta los cupos en zonas de parqueo en vía en 19.000 espacios.
Esto, según el cabildante, generará un mayor recaudo para el distrito, ya que las zonas de parqueo presentan tarifas más altas y no ofrecen servicios adicionales como seguridad o seguros. Asimismo, el aumento en la imposición de cepos y las sanciones por mal parqueo refuerzan lo que Forero calificó como un “círculo vicioso” que afecta a los conductores.
El concejal concluyó que estas políticas han convertido a los conductores en una “caja menor” para la administración, obligándolos a pagar por impuestos, derechos de tránsito, Soat, técnico-mecánica, pico y placa solidario, y sanciones por mal parqueo, mientras enfrentan un déficit de parqueaderos y un sistema de transporte público insuficiente.
“Es un modelo donde tú pierdes y ellos ganan”, sentenció Forero, que aseguró que continuará investigando y denunciando estas prácticas para garantizar que el espacio público sea realmente un bien colectivo.