El atentado con explosivos que sacudió al municipio de La Plata, en el departamento del Huila, encendió todas las alarmas del Gobierno nacional. La acción criminal no solo dejó una profunda huella en la comunidad, sino que obligó a las autoridades a tomar decisiones inmediatas para contener el avance de estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país.
El ataque, perpetrado en la noche del Jueves Santo, cobró la vida de los hermanos Sergio Esteban y Luisa Fernanda Trujillo Peña, de 17 y 19 años, y dejó 31 personas heridas, entre ellas 10 menores de edad. La tragedia ocurrió cuando una motocicleta cargada con entre cinco y siete kilogramos de “explosivos de alto poder” fue detonada frente a un hotel, justo al lado de una estación de Policía. En ese momento, varias personas celebraban el cumpleaños de Luisa Fernanda.
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Desde el lugar de la explosión, las autoridades dieron a conocer la imagen del presunto autor material, que aparece en cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta bomba hasta el sitio. La identidad del sujeto aún no ha sido confirmada, pero el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
“El dolor que hoy se vive en La Plata, Huila, lo sentimos en toda Colombia. Nos duele a todos, pero en especial a quienes tenemos la misión de proteger la vida. A las familias de las víctimas, les decimos: sus hijos, hermanos y seres queridos, no serán olvidados. Capturar a los responsables no devolverá a quienes partieron, pero sí garantizará justicia y evitará que estos hechos se repitan”, expresó la cartera de Defensa.
El jefe de esta entidad confirmó que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del atentado. Específicamente, se atribuye la autoría a la estructura Hernando González Acosta, vinculada también con alias El Viejo y alias Carla, que serían los cerebros del acto terrorista.
Durante un consejo de seguridad extraordinario realizado en La Plata, con presencia de la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades regionales, se analizó la amenaza persistente que representa esta estructura, que actualmente tendría unos 25 hombres en armas. El ministro Sánchez Suárez advirtió que, a pesar de las bajas sufridas, 91 integrantes fueron neutralizados en lo que va de 2025, el grupo conserva una “alta capacidad de recuperación criminal”.
“Los autores de este acto criminal, que invitamos a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, no solamente a informar, sino a denunciar, a manifestar su indignación, por este acto repudiable contra nuestra población, serían la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, de alias Iván Mordisco”, indicó el ministro.
El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, agregó que el grupo armado hace parte del bloque Isaías Pardo, una escisión del bloque occidental Jacobo Arenas, que busca expandirse hacia el centro del país para controlar rutas del narcotráfico. Por su parte, el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, aseguró que, “estas acciones terroristas no doblegarán nuestra voluntad de lucha”.
La ofensiva militar continuará, con el objetivo de “llegar a los sitios donde tienen injerencia y poderlos atacar, de tal forma que se recupere la tranquilidad de los colombianos”. Asimismo, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, señaló que ya se iniciaron las investigaciones para expedir las órdenes de captura contra los responsables.
Además de la recompensa por el autor del atentado, las autoridades recordaron que hay una oferta de $4.450 millones por información que conduzca a la captura de alias Iván Mordisco, señalado de múltiples delitos como terrorismo, reclutamiento forzado, narcotráfico y homicidios contra líderes sociales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó el hecho como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. “El artefacto explosivo tuvo un efecto indiscriminado sobre la población civil. Fue detonado en una zona de alta concentración de personas, lo que representa un desconocimiento del principio de distinción y de la obligación de proteger a la población civil”.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente al Estado para que atienda las advertencias contenidas en las alertas tempranas 025 de 2022 y 001 de 2025. En ellas se advertía sobre el recrudecimiento de la violencia en el sur del país y la necesidad de adoptar medidas de prevención y mitigación de los riesgos.