El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un borrador de decreto con el que propone anticipar durante este año el pago del impuesto de renta correspondiente a 2026 para diversos sectores económicos. La medida plantea modificar las tarifas de autorretención y establecer bases mínimas para practicar la retención en la fuente.
La medida impactará a empresas pertenecientes a sectores clave como hidrocarburos, agropecuario, salud y comercio, entre otros, ya que las obligará a adelantar para este año el pago de lo correspondiente a 2026. El documento argumenta que la decisión busca garantizar los recursos necesarios para el próximo año fiscal y, al mismo tiempo, distribuir el recaudo en diversos pagos.
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Según el borrador conocido por W Radio, “al realizar cambios en la tarifa de autorretenciones de las compañías de estos sectores se disminuirá el impacto en la caja (...) y se permitirá una distribución del recaudo en diversos pagos durante la vigencia 2025″.
Uno de los puntos clave de este decreto está en las razones expuestas por el Gobierno. Según un estudio de la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, la decisión se apoya en las “mejores condiciones económicas generales y particulares, las adecuadas condiciones de liquidez del aparato productivo y las brechas significativas entre autorretenciones e impuesto a carga en varios sectores económicos”.
Con esto, el Gobierno sostiene que busca optimizar el alcance de recaudo del sistema tributario mediante ajustes puntuales en las tarifas.
Impacto en los últimos años
Los hechos recientes sirven como referencia para dimensionar el impacto. En 2023, una política similar de anticipos de renta, también incluida dentro de la reforma tributaria, resultó en un menor ingreso tributario el año siguiente. Al respecto, el Ministerio de Hacienda decretó en 2023 un porcentaje alto de anticipo, lo que fue parte del problema en 2024 que llevó a una crisis de caja al Gobierno, pues no se cumplió la meta de recaudo. La situación dejó al Ejecutivo en un escenario fiscal complicado que, según los analistas, podría repetirse con la implementación de esta nueva medida.
Críticos de diversos sectores económicos y políticos ya expresaron su preocupación. Por ejemplo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo destacó en su cuenta de X que “esta decisión es muy peligrosa para el siguiente Gobierno en 2026, que verá inevitablemente menos ingresos de impuestos (...) y los problemas estructurales fiscales y de caja. No es una buena idea”. Y es que las cifras de recaudación, según indican estudios, no necesariamente estarían alineadas con el crecimiento de la actividad económica, como explicó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).
Una cuestión en el centro del debate es si la economía colombiana será capaz de mantener el nivel de crecimiento que proyecta el Gobierno. Según el borrador del decreto, las autoridades financieras aseguran que, durante 2024, la actividad económica en Colombia mostrará un crecimiento real casi tres veces superior al de 2023. Sin embargo, la perspectiva optimista contrasta con escenarios más conservadores que advierten acerca de factores negativos, como la caída de los precios del crudo, que podrían limitar la capacidad fiscal del Estado para enfrentar desequilibrios futuros.
Autorretención e impuestos
Por otra parte, destacan las críticas técnicas frente a la relación entre las actuales tarifas de autorretención y los impuestos efectivamente a cargo.
Según el proyecto, “en diversos sectores de la economía existe una brecha significativa entre las autorretenciones y el impuesto a la carga. Esta diferencia (...) genera un costo de oportunidad para la administración tributaria, que no logra recaudar oportunamente los recursos correspondientes”. El fenómeno, añade el decreto, afecta de manera más notoria a industrias donde la tarifa de autorretención representa menos del 20% del impuesto final.
La medida también proyecta implicaciones financieras directas para futuras administraciones. Según las cifras de endeudamiento nacional, Colombia se mantuvo en un nivel del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, pero las perspectivas para 2025 indican un crecimiento mayor. Esto refuerza las preocupaciones sobre cómo este adelantamiento fiscal podría agravar un deterioro en las finanzas públicas.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda mantiene abierta la recepción de comentarios sobre el borrador hasta el 25 de abril de este año. Con la extensión, la entidad espera recoger observaciones de diferentes actores sociales y económicos que permitan ajustar la propuesta, en busca de garantizar los ingresos necesarios sin poner en mayor riesgo las finanzas del país.