El miércoles 9 de abril, de un predio en Puerto Boyacá (Boyacá), salieron de forma voluntaria 50 familias de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado en la convulsionada región de El Catatumbo (Norte de Santander), en zona de frontera con Venezuela, donde el ELN y una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc se disputan a sangre y fuego la ruta del narcotráfico a través del hermano país.
Estas personas habían llegado a la finca Las Palmas, que se ubica en la vereda Pavitas, luego de que fueran trasladas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero aceptaron retirarse del sitio mientras el Gobierno nacional trabaja en la búsqueda de un nuevo lugar para su reubicación informaron en la emisora Caracol Radio.
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Agregaron que la llegada de estas familias, ocurrida el pasado jueves 3 de abril, generó controversia entre los habitantes de Puerto Boyacá que expresaron su descontento por no haber sido consultados previamente sobre la llegada de estas personas, además, señalaron que muchas comunidades locales, también afectadas por el conflicto armado, no han recibido beneficios similares.
El martes, tras varias horas de conversaciones, se llevó a cabo una reunión clave en la que participaron el alcalde de Puerto Boyacá, John Feiber Urrea; el personero municipal, Jaime Enrique Linares; concejales; representantes de la Agencia Nacional de Tierras; delegados del Gobierno nacional y miembros de la comunidad explicaron en La W Radio.
“En un primer momento ese canal humanitario estuvo roto y después de un largo diálogo las comunidades mostraron su rechazo a que la comunidad del Catatumbo continuara allí en el predio, teniendo en cuenta que había sido desconocidas las comunidades de Puerto Boyacá en este proceso, que ni la Unidad para las Víctimas, ni la Agencia Nacional de Tierras han entregado estas ayudas, estas reparaciones a las víctimas del conflicto armado del municipio, ni a comunidades afro, ni a las diferentes asociaciones de campesinos”, citaron en ese medio radial de las declaraciones del personero local.
Durante la misma reunión, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, anunció que existen predios disponibles en Puerto Boyacá que serán destinados a comunidades vulnerables del municipio, incluidas víctimas del conflicto armado explicaron en Caracol Radio.
Las familias trasladadas a Puerto Boyacá forman parte de los casi 60.000 desplazados que, según datos de la ONU, han sido afectados por la confrontación entre los grupos insurgentes y que ahora enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que ha llevado al Gobierno a priorizar su reubicación en lugares que ofrezcan mejores condiciones de vida.
El proceso de reubicación no solo implica encontrar un nuevo lugar para estas familias, sino también garantizar que puedan acceder a servicios básicos como educación, salud y vivienda. La situación de los niños y adolescentes, quienes no han podido retomar sus estudios, es una de las principales preocupaciones de las autoridades, según informó Caracol Radio.
“Lo que más preocupa es la situación de niños, niñas y adolescentes que están allí, de mujeres, que según lo que nos informaron y hemos atendido, no han comenzado su año escolar y ya nos encontramos en el mes de abril. Entonces, sí hay mucha urgencia por parte de las entidades de reubicar cuanto antes a esta comunidad del Catatumbo para que puedan continuar con su vida en condiciones normales", refirieron de las palabras del personero de Puerto Boyacá en La W Radio.
El caso de las familias desplazadas del Catatumbo y su traslado a Puerto Boyacá pone de manifiesto los retos que enfrenta el Gobierno colombiano en su esfuerzo por atender a las víctimas del conflicto armado.
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