Mientras el Gobierno nacional lanzó una plataforma digital para involucrar a los ciudadanos en una eventual consulta popular, en el Congreso crecen las voces que cuestionan tanto el contenido como el momento político en el que se impulsa esta iniciativa.
El sitio web, que ofrece información sobre la consulta y permite el acceso a los correos de los parlamentarios, levantó suspicacias entre los legisladores, especialmente en el Senado, en el que la propuesta no fue bien recibida por algunos sectores.
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Uno de los puntos más polémicos es que el Ejecutivo estaría promoviendo este mecanismo sin haber aclarado aún los aspectos más esenciales del mismo: “Nos quieren imponer una consulta popular a ciegas, de la que no conocemos aún sus preguntas. Pareciera que el Gobierno está intentando hacer lo mismo que hizo con su fallida reforma tributaria el año pasado. Pedimos respeto para el Senado”, expresó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que es una de las voces más críticas frente a esta iniciativa.
Para muchos analistas políticos, el hecho de que el portal permita contactar directamente a los congresistas abre un debate sobre la presión que podrían estar recibiendo desde distintos frentes; además, la inclusión de enlaces a reformas pasadas, como la hundida reforma laboral, da a entender que este proyecto digital tiene una función más amplia de la que oficialmente se reconoce.
Desde el Ministerio del Interior, Armando Benedetti defendió el mecanismo, al asegurar que tiene un propósito netamente democrático. “Este aplicativo busca garantizar la participación de todos, brindando acceso directo y sencillo a la información”, afirmó el funcionario, que es una pieza clave en la estructuración del proceso luego del archivo de la reforma laboral el 18 de marzo.
Sin embargo, no todos comparten esa visión, pues el propio Cepeda cuestionó no solo la herramienta digital, también la motivación que hay detrás de su creación: “Nosotros también podemos abrir una aplicación para que el Gobierno conteste por qué es que no ejecuta el presupuesto, por qué es que la salud está postrada y solo el 18% de los ciudadanos dice que es positiva cuando antes de este Gobierno el 66% la acompañaba”.
Estas declaraciones se suman a otras emitidas en las que el mismo legislador afirmó que, en lugar de avanzar hacia una consulta popular, el Gobierno nacional debería enfocar esfuerzos en el diálogo y la construcción conjunta de reformas a través de los partidos políticos.
Cepeda, incluso, señaló que estaría dispuesto a apoyar la reforma laboral del Partido Liberal, lo que, en su opinión, haría innecesario el uso de mecanismos de participación directa como el que se está promoviendo.
“El presidente Gustavo Petro ha impulsado esta consulta debido a los reiterados bloqueos legislativos que han impedido la aprobación de algunas reformas en el Congreso. Su gobierno considera que estos cambios son esenciales para garantizar el bienestar y la dignidad de los ciudadanos, por lo que busca darle al pueblo colombiano la posibilidad de decidir directamente sobre estos temas cruciales”, indica la presentación del sitio web oficial.
Pero, el hecho de que la iniciativa se ponga en marcha en este momento generó desconfianza entre diversos sectores, que ven en esta estrategia un intento por movilizar a la ciudadanía, al tiempo que una posible plataforma para iniciar la campaña electoral de cara al 2026.
En este sentido, el uso del lenguaje, la narrativa de “bloqueo legislativo” y la urgencia de las reformas podrían estar configurando un escenario con más matices políticos que institucionales.
La discusión está servida. Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de una herramienta para reforzar la democracia participativa, desde el Legislativo surgen preguntas sobre el verdadero alcance de esta propuesta y su impacto en el equilibrio de poderes. En los próximos meses se sabrá si la consulta se convierte en un camino viable o en un nuevo foco de enfrentamiento entre Gobierno nacional y Congreso.