El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el cierre de servicios de neonatología en Bogotá, calificándolo como una medida contraria a la Constitución y a la protección de la vida humana.
A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), el mandatario manifestó: “Cerrar el servicio a neonatos va contra la constitución de Colombia. Y contra la vida humana”.
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Esta declaración se produce tras el anuncio de la Clínica del Occidente sobre el cierre definitivo de sus unidades de Obstetricia y Neonatos debido a dificultades financieras. La institución señaló que la falta de pagos por parte de diversas Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) ha hecho insostenible la operación de estos servicios. En un comunicado, la clínica expresó: “La difícil decisión es determinante para poder continuar como IPS y sostener otras áreas, otras especialidades”.
Según el informe más reciente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las deudas acumuladas por las EPS con clínicas y hospitales ascienden a aproximadamente 20,3 billones de pesos. Este panorama financiero ha llevado a varias instituciones a reconsiderar la continuidad de ciertos servicios esenciales.
La crisis no es exclusiva de la Clínica del Occidente. En diciembre de 2024, el Hospital Universitario San Ignacio también anunció el cierre de su servicio de atención de partos, citando problemas de liquidez derivados de pagos insuficientes por parte de las EPS. Alejandro Gómez, exsecretario de Salud de Bogotá, comentó en su momento: “Tenemos un sistema de salud en crisis; las clínicas no reciben el mismo dinero”.
La Defensoría del Pueblo ha resaltado la urgencia de tomar decisiones inmediatas para abordar la crisis en el acceso a servicios de salud y medicamentos. Iris Marín, Defensora del Pueblo, propuso la implementación de Puestos de Mando Unificados en Salud en zonas prioritarias y la resolución del incumplimiento financiero del sistema.
La administración del presidente Petro ha señalado a administraciones anteriores y a empresas distribuidoras de medicamentos como responsables de la crisis actual. En un consejo de ministros televisado, el mandatario destacó los esfuerzos del Gobierno para asegurar los recursos necesarios y enfatizó la importancia de respetar la Constitución en la prestación de servicios de salud esenciales.
La comunidad médica y la sociedad civil han expresado su preocupación por el impacto que estos cierres tienen en la atención a madres y recién nacidos. La continuidad de servicios como los de obstetricia y neonatología es fundamental para garantizar el derecho a la salud y la vida de la población más vulnerable.