El Consejo de Ministros televisado en la noche del lunes 31 de marzo de 2025 desató una nueva andanada del presidente de la República, Gustavo Petro, con los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Y todo tras la decisión de mantener la tasa de interés en el 9,5%, en una postura que, de acuerdo con el jefe de Estado, lo que busca es impedir que se dé un mayor crecimiento de la economía nacional.
Petro, que aprovechó la ocasión para atacar a diferentes personalidades del ámbito político, incluidos los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, y sus exministros José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, también cuestionó a los integrantes de la dirección del emisor. Y, en especial, a la economista Olga Lucía Acosta, codirectora, a la que le recordó que él fue el que la designó en el cargo.
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En ese sentido, el gobernante expresó su molestia ante la postura del banco central y señaló que, a su juicio, la junta no ha cumplido con una reciente sentencia de la Corte Constitucional que obliga a armonizar el control de la inflación con el crecimiento económico y el empleo. Ítem que, de acuerdo con cifras emitidas por el Dane, fue del 10,3% en febrero; con lo que cayó 1,4, pues en 2024 fue de 11,7%.
“Hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a la junta directiva del Banco de la República que tiene que articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios, la inflación con el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, e hizo lo contrario”, afirmó el mandatario, que no escatimó calificativos para descalificar la posición casi inflexible que ha adoptado el emisor en este ámbito.
Los duros comentarios de Gustavo Petro hacia Olga Lucía Acosta
El papel de Acosta, que habría sido decisiva en la votación para mantener las tasas de interés sin cambios, también fue objeto de controversia. Sobre el particular, mencionó que la llegada de la codirectora al Ejecutivo fue una propuesta del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y lamentó que no coopere con la política de la actual administración; una especie de cuenta de cobro que estaría sin saldar.
“Creo que no quiso hacerlo. No necesitaba hacernos caso porque alguien, un pérfido, dirá es que la junta directiva del Banco de la República es independiente, pero del gobierno, no del pueblo”, sostuvo el mandatario, al agregar que “la delegada que yo puse no apoyó las decisiones del Gobierno”. De hecho, fue reiterativo en este asunto, que está perjudicando, desde su perspectiva, las proyecciones trazadas.
Así pues, el jefe de Estado no dejó pasar la oportunidad para acusar a la junta directiva de inclinarse políticamente hacia el uribismo, lo que según él influiría en sus decisiones económicas. “La mayor parte de la junta directiva del Banco de la República es uribista”, declaró el jefe de Estado y enfatizó que este tipo de determinaciones no abordan las necesidades económicas, en sectores como la industria y la agricultura.
A su vez, para Petro el hecho de mantener las altas tasas de interés a pesar del control de la inflación carece de justificación económica. “El Banco de la República debe informarle al pueblo por qué no bajó la tasa de interés si está controlada la inflación”, afirmó el presidente, que remarcó que el alza en los precios durante el último mes se debió más a “la especulación del gas” que a presiones inflacionarias globales.
“Nosotros estamos haciendo crecer porque hacemos crecer industria y agricultura, puestos de trabajo en Colombia, y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés”, puntualizó el primer mandatario, que continúa destacando sus esfuerzos para impulsar la economía a través del crecimiento de sectores estratégicos; en franca contradicción con las recientes decisiones del emisor.
Teniendo como precedente este panorama, Petro instó al Ministerio de Minas y al Superintendente de Servicios Públicos a tomar medidas contra esta especulación. Estos ataques del mandatario han propiciado un fuerte debate en las redes sociales hacia la autonomía que debe tener el banco central, como garantía fundamental para la independencia institucional; pese a las fuertes diferencias de tipo técnico.