Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González —uno de los funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd)—, anunció que participará en las elecciones del Congreso en 2026.
En diálogo con Semana, la exsubdirectora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) afirmó que renunció a su cargo para centrarse en su campaña a ocupar uno de los escaños en el legislativo en 2026, en representación del Partido Alianza Verde, movimiento cofundado por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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“Le confieso una cosa: renuncié a la subdirección del Sena porque quiero hacer un ejercicio político en 2026. Fui candidata a la Cámara por Santander. Ahora quiero hacer ese ejercicio nuevamente”, expresó la exfuncionaria al citado medio de comunicación.
La renuncia de Leal al cargo en el Sena se oficializó el pasado 6 de marzo de 2025, en una misiva dirigida al director del centro educativo, Jorge Londoño, que pertenece a su misma colectividad política, siendo una decisión que, según sus declaraciones, busca evitar inhabilidades legales que puedan interferir con su candidatura.
En los comicios de 2022, Leal participó como candidata a la Cámara de Representantes por Santander, pero solo obtuvo cerca de 20.000 votos, superada por el hoy congresista Cristian Avendaño, que alcanzó 34.168 respaldos, respectivamente.
Investigación contra Carlos Ramón González
El anuncio de Leal ocurre mientras su esposo, Carlos Ramón González, enfrenta señalamientos por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
De hecho, el 26 de marzo de 2025, se conoció que la Fiscalía tiene los elementos probatorios que vincularían al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la supuesta entrega de sobornos a los entonces presidentes de la Cámara y el Senado de la República, Andrés Calle e Iván Name, respectivamente.
Ante esta situación, Luz Dana Leal aseguró que su cónyuge no se encuentra bajo ninguna orden de captura ni tiene requerimientos judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación. “Él va y viene (...) él no está fugado de la Justicia”, expresó la exfuncionaria del Sena a Semana.
Sin embargo, la abogada evitó precisar su paradero actual, aunque versiones no confirmadas sugieren que podría estar entre Barcelona (España) e Italia, algo que no ratificó ni desmintió la exsubdirectora del centro educativo.
Adicionalmente, Leal también compartió detalles sobre la vida personal de la pareja, destacando que los viajes han sido una constante en su relación. “Siempre viajábamos todas las vacaciones, a mí me gusta ir a sitios. Cada uno tiene cuatro pasaportes llenos de viajes; durante toda la vida hemos viajado bastante”, comentó.
En cuanto a la situación de salud de González, la abogada desmintió las especulaciones, pero sostuvo que su situación ante la justicia por el caso Ungrd lo ha afectado notablemente.
“Han dicho que tiene problemas de corazón, pero tampoco es cierto (...) Mi esposo está afectado por lo que está pasando. A cualquiera le puede afectar. Es apenas lógico. Pero, cuando uno acepta estos cargos, desafortunadamente, está sujeto a estas situaciones”, puntualizó Luz Dana Leal.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, acusó a Carlos Ramón González ante la Corte Suprema de Justicia como el presunto artífice de un esquema de corrupción dentro de la entidad. Según su testimonio ante la justicia, este entramado habría desviado aproximadamente 3.000 millones de pesos, que supuestamente fueron destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name, y a otro alto funcionario del legislativo.
Entre las pruebas recopiladas por el ente acusatorio, se destacan análisis de movimientos bancarios, comunicaciones, reportes fiscales y migratorios, así como registros de transacciones sospechosas.
Además, el nombre de González también aparece relacionado con el caso de corrupción en la Ungrd, que involucra un monto de 54.851 millones de pesos. Según el informe de la Uiaf, revelado por Semana, estos recursos estarían vinculados a contratos irregulares, como la compra de carrotanques para La Guajira, en los que estarían implicadas varias personas políticamente expuestas (PEP).