Human Rights Watch puso el foco en la región del Catatumbo, donde la violencia y la presencia de grupos armados ha generado una crisis humanitaria que ha generado graves problemas a la población civil
Según explicó Juanita Goebertus, representante para las Américas de esta organización, en diálogo con W Radio, los recientes intentos del Gobierno por implementar su política de “Paz Total” han dejado a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los actores armados.
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De acuerdo con Goebertus, entre mediados de 2024 y los primeros meses de 2025, se han documentado graves violaciones a los derechos humanos en el Catatumbo, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual.
Estas denuncias se basan en 65 entrevistas desarrolladas por el equipo de Human Rights Watch a personas desplazadas en municipios como El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Sardinata y Ocaña, entre otros.
Según detallaron desde el ente internacional, la mayoría de los crímenes registrados en enero de este año están vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la organización es el fortalecimiento de las disidencias del frente 33, que habrían aprovechado los acercamientos con el Gobierno y el cese al fuego para expandir su control territorial.
Goebertus señaló que estas disidencias no solo han incrementado su presencia en la región, sino que también han buscado ganar legitimidad entre las comunidades mediante la construcción de puestos de salud y la participación en celebraciones locales. Estas acciones, aunque puedan parecer beneficiosas, son vistas como una estrategia para consolidar su influencia y perpetuar su control sobre la población.
Frente a ello, la representante de Human Rights Watch criticó que el Gobierno, al anunciar proyectos de desarrollo en colaboración con grupos armados, no haya garantizado la seguridad de las comunidades. Según explicó, esta falta de protección ha expuesto a los habitantes del Catatumbo a represalias de otros actores armados, especialmente del ELN.
Así mismo, otro de los puntos críticos señalados por Goebertus es el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados. Entre enero y febrero de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) logró recuperar a 44 niños, la mayoría de ellos reclutados por el Frente 33.
Además, la violencia y el desplazamiento forzado han tenido un impacto devastador en la educación. Según los datos compartidos por Human Rights Watch, cerca de 46.900 niños han quedado sin acceso a clases debido a la inseguridad en la región. Este panorama agrava las condiciones de vulnerabilidad de las familias y perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión social.
Y es que la problemática en el Catatumbo también está estrechamente relacionada con la presencia de cultivos ilícitos. Goebertus recalcó que los planes de desarrollo rural y las estrategias para combatir los cultivos de uso ilícito han sido históricamente débiles y han contado con poca inversión efectiva. Esto ha permitido que las hectáreas sembradas de coca sigan aumentando, alimentando la economía de los grupos armados y perpetuando su control en la región.
La representante de Human Rights Watch advirtió además que la propuesta del Gobierno de realizar nuevos pagos en efectivo como parte de la política de sustitución de cultivos podría tener efectos contraproducentes si no se acompaña de un enfoque estructural. Según explicó, sin un plan integral que incluya alternativas económicas sostenibles y garantías de seguridad, estas medidas podrían terminar fortaleciendo a los actores armados en lugar de debilitarlos.
De esta manera, Goebertus recalcó en la necesidad de que cualquier cese al fuego con grupos armados incluya mecanismos de monitoreo y garantías reales para la población civil. Según explicó, sin estas medidas, las comunidades quedan atrapadas en medio de disputas violentas y enfrentan mayores riesgos.
Asimismo, insistió en que antes de lanzar proyectos de desarrollo en colaboración con actores armados, el Gobierno debe asegurar condiciones de seguridad para las comunidades. Esto implica no solo proteger a los habitantes del Catatumbo de posibles represalias, sino también garantizar que los recursos destinados al desarrollo no terminen beneficiando a los grupos ilegales.