El viernes 21 de marzo, bajo el aparente ambiente tranquilo de una jornada electoral en el Hotel Hilton de Bogotá, se desató un escándalo con denuncias de irregularidades en la elección de los representantes de los municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) al Ocad Paz.
Según reportó El Tiempo, se registraron 172 votos en una urna que solo debería contar con la participación de 170 alcaldes habilitados.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, expresó su preocupación tras conocerse que cinco de los alcaldes acreditados estuvieron ausentes, y, pese a ello, se detectaron votos adicionales.
PUBLICIDAD
“Sorprendentemente, encontramos que de esos 170 alcaldes, cinco estuvieron ausentes; sin embargo, aparecieron 172 votos. Encontraron, según me informan, que seis alcaldes votaron dos veces”, dijo Idárraga, citado por el mencionado medio. Además, subrayó la posibilidad de un retorno de mafias con miras a los recursos del Fondo de Paz, que ascienden a unos $5,3 billones.
Entre las denuncias surgieron cuestionamientos sobre la posible falsificación de poderes de, al menos, cinco alcaldes ausentes. Además, según información obtenida por el medio uno de los alcaldes votantes habría realizado reuniones secretas para coordinar la compra de votos, mientras una mandataria habría manipulado el conteo de papeletas.
“Uno de los alcaldes con voz y voto se habría reunido en una casa del norte de Bogotá a comprar votos. Y una mandataria que se encargó de coordinar una de las mesas habría contabilizado los votos de más”, relató una fuente consultada por El Tiempo.
PUBLICIDAD
Reacción de Fedemunicipios ante la controversia
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) intentó contener la crisis mediante un comunicado.
Gilberto Toro, presidente del organismo, declaró en relación con las irregularidades que “la entidad revisará de forma exhaustiva los resultados del proceso” y anunció la implementación de un cronograma para analizar las actas de la elección. Según Toro, este proceso contará con la participación de los representantes de las fórmulas inscritas y culminará el viernes 28 de marzo de 2025.
“En atención al llamado de la Secretaría de Transparencia y de varios medios, la entidad revisará de forma exhaustiva los resultados del proceso”, confirmó Toro a El Tiempo, señalando además que cualquier decisión será evaluada por el Consejo Ejecutivo de Fedemunicipios, conformado por 156 alcaldes de distintos departamentos del país.
PUBLICIDAD
Recursos bajo disputa y el rol de Asocapitales
Detrás de estas irregularidades, emergen sospechas de motivaciones políticas y económicas. En la investigación de El Tiempo remarcó que los $5,3 billones asignados al manejo de proyectos de paz podrían estar en el centro del problema, junto con el interés de controlar la elección de quién sucederá a Luz María Zapata como presidenta de Asocapitales.
Sobre esto último, un vocero de Fedemunicipios indicó a El Tiempo que: “No tenemos nada que decir, la elección de la persona que ocupe la dirección de Asocapitales es una decisión autónoma de los alcaldes que pertenecen a esa asociación”. Sin embargo, miembros del gremio contemplan llevar el caso a la Fiscalía y la Procuraduría para esclarecer las denuncias y conocer quiénes estarían promoviendo ciertas candidaturas.
Varios mandatarios locales han pedido que las irregularidades en las votaciones sean aclaradas de forma inmediata. Fotografías y declaraciones sugieren que la jornada, realizada en el Salón Platinum del Hotel Hilton, estuvo viciada desde el inicio. A pesar del hermetismo de Fedemunicipios, el impacto mediático sigue creciendo.
PUBLICIDAD
Al respecto, El Tiempo confirmó que aún no se ha iniciado un proceso legal formal por parte de Fedemunicipios, aunque algunos funcionarios instan a que se tome acción.
En medio de la controversia, el futuro de los recursos asignados al posconflicto y la gobernanza del OCAD PAZ queda en incertidumbre, mientras persisten las dudas sobre la transparencia y legalidad de procesos fundamentales para el desarrollo territorial de Colombia.