La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha convocado una audiencia urgente con el propósito de reforzar las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
Inicialmente estaba programada para el 27 de marzo de 2025, pero ha sido reprogramada para el 10 de abril, con el fin de asegurar la participación de las entidades e instituciones competentes en la discusión.
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“La audiencia, inicialmente programada para el 27 de marzo, fue reprogramada para el 10 de abril con el fin de garantizar la participación efectiva de las entidades e instituciones competentes. El objetivo es abordar la grave situación de riesgo que enfrentan los comparecientes forzosos ante la JEP y definir soluciones concretas en materia de garantías de seguridad”, aseveró el tribunal de paz.
El objetivo central de la audiencia es abordar la grave situación de riesgo que enfrentan los comparecientes forzosos ante la JEP, que, en su mayoría, están en proceso de reincorporación a la vida civil. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (Sarv) buscará evaluar y fortalecer las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física de estos excombatientes. Para ello, se reunirán las entidades responsables de garantizar su seguridad y coordinarán acciones para dar una respuesta efectiva frente a esta problemática.
“Ante la persistente situación de riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la sección ha decretado medidas de protección dirigidas a garantizar su vida e integridad física, especialmente para quienes se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil”, indicó la JEP.
En lo que va de 2025, ya se han registrado 15 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, lo que representa la mitad de los homicidios de este tipo ocurridos en todo 2024. Desde la firma del acuerdo, el número de excombatientes asesinados asciende a 456. Esta alarmante cifra pone de manifiesto la continua vulnerabilidad de quienes optaron por la reincorporación al proceso de paz.
Según la JEP, ellos han implementado medidas de protección para garantizar la vida e integridad de los firmantes del acuerdo, reconociendo que su seguridad es clave para asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
“En lo que va de 2025, 15 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados, una cifra alarmante que representa la mitad de los casos registrados en todo 2024. Desde la firma del acuerdo, el número de homicidios asciende a 456. Proteger la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz, en 2016, es imperativo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla en el conflicto armado”, puntualizó la Jurisdicción Especial para la Paz.
Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró el caso relacionado con un informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual afirmaba que en los hangares del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se encontraban veinte mil cuerpos sin identificar.
Según informó el tribunal de justicia, la decisión fue tomada tras no hallarse evidencia que respaldara las afirmaciones realizadas por el organismo internacional en diciembre del año pasado.
El caso cobró relevancia a finales de 2024, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló la posible existencia de cuerpos sin identificar en las instalaciones del aeropuerto más importante de Colombia.
En respuesta a estas declaraciones, la JEP inició un proceso de inspección en el lugar señalado, con el objetivo de verificar la veracidad de las denuncias. Sin embargo, la investigación concluyó sin encontrar pruebas que sustentaran las acusaciones del comité de la ONU.