El Ministerio de Educación instó a las instituciones educativas del país a garantizar que los docentes y el personal administrativo puedan decidir libremente si participan o no en las actividades del día cívico nacional, programado para el 18 de marzo.
La solicitud del Ministerio se enmarca en el Decreto 0302 de 2025, emitido por el presidente Gustavo Petro, que declara la jornada como el “Día Cívico para la Participación Ciudadana”.
Según el Gobierno, el propósito de la medida es facilitar la expresión pública de los ciudadanos en apoyo a diversas reformas sociales.
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En una comunicación enviada a las Secretarías de Educación y a los directivos de las instituciones educativas, el Ministerio subrayó la importancia de no imponer restricciones a quienes deseen sumarse a las actividades programadas durante la jornada.
<b>Fundamentos legales</b>
El pronunciamiento de la entidad educativa enfatiza que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 37, protege el derecho fundamental a la reunión y la manifestación pacífica. Además, recuerda que la Corte Constitucional ha señalado que estas expresiones son pilares fundamentales de la democracia, ya que fomentan el respeto, la tolerancia y el ejercicio libre de los derechos ciudadanos.
“El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho fundamental a la reunión. La Corte Constitucional ha destacado que las manifestaciones pacíficas son esenciales para la democracia, promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia, y asegurando que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin temores ni obstáculos”, señaló el Ministerio en su comunicado.
<b>Autonomía de las regiones</b>
Si bien el Gobierno Nacional promovió esta jornada de participación, no todas las ciudades y municipios han acogido la iniciativa. En varias regiones, los mandatarios locales han optado por mantener sus actividades con normalidad, argumentando que la suspensión de labores podría generar afectaciones económicas y administrativas.
Es el caso de Bogotá, donde el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que no se suspenderán las actividades escolares ni los servicios públicos. Medellín y Cartagena también han decidido continuar con sus agendas habituales, sin interrupciones en el sector educativo.
<b>Implicaciones en el sector educativo</b>
La directriz del Ministerio ha generado diversas reacciones en el ámbito educativo. Mientras algunos gremios docentes respaldan la medida y consideran que es una oportunidad para manifestarse en favor de cambios sociales, otros advierten que la participación en este tipo de eventos no debería afectar el desarrollo de las clases y el cumplimiento del calendario académico.
Por otro lado, el sector privado ha expresado su preocupación por los posibles efectos de la jornada cívica en la economía. Representantes de comerciantes han advertido que las pérdidas durante el día podrían superar los $1.472 millones de pesos, debido a la interrupción de actividades en algunas regiones.
A pesar de las diferencias de opinión, el Ministerio de Educación Ncional reiteró que su llamado no busca obligar ni impedir la participación, sino garantizar que quienes deseen sumarse a la jornada cívica lo hagan sin represalias ni restricciones por parte de sus instituciones.