La polémica en torno a las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro ha escalado a un enfrentamiento directo entre el Gobierno nacional y la Administración distrital en Bogotá.
Y es que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que los docentes de los colegios distritales deberán cumplir con su jornada laboral habitual y que, en caso de querer participar en las manifestaciones, deberán hacerlo fuera de su horario de trabajo para no afectar el funcionamiento de las instituciones educativas.
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Dichas declaraciones generaron una respuesta inmediata desde el Ministerio de Educación, encabezado por Daniel Rojas, que calificó la postura del alcalde como una actitud “dictatorial”.
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Fue a través de su cuenta de X que el jefe de cartera expresó su rechazo a las declaraciones del alcalde Galán, señalando que algunos mandatarios locales y regionales estarían intentando restringir los derechos de los trabajadores.
En su mensaje, Rojas afirmó que los salarios de los docentes son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales son girados por el Gobierno nacional, y que no pueden ser retenidos de manera arbitraria.
“Hay que recordarles que los recursos del pago de los maestros se dan con arreglo al SGP; estos recursos se giran desde el gobierno para garantizar sus salarios, que no pueden ser retenidos de manera autoritaria como amenaza Carlos Galán”, escribió el ministro.
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La respuesta desde la Administración distrital no se hizo esperar. La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, cuestionó la interpretación del ministro sobre el manejo de los recursos destinados a la nómina de los docentes.
Segovia señaló que la Ley 715 de 2001 otorga a las entidades territoriales, como Bogotá, la responsabilidad de administrar el servicio educativo, lo que incluye la gestión y el pago del personal docente. Además, en un comentario que aludió indirectamente a un episodio académico del ministro, Segovia afirmó que la tesis planteada por Rojas sobre los pagos “requiere una revisión”.
De hecho, más allá de la discusión sobre la administración de los recursos, la secretaria Segovia destacó un punto crucial en el debate: la prioridad de los derechos de los niños y jóvenes frente a los derechos de los adultos. La funcionaria recordó que tanto la Constitución como la Corte Constitucional han sido enfáticas en señalar que los derechos de los menores deben prevalecer. En este sentido, la funcionaria expresó su preocupación por el impacto que podría tener la movilización en el sistema educativo si los docentes no cumplen con su jornada laboral.
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“Priorizar los derechos de los adultos sobre los de la niñez resulta preocupante, especialmente viniendo de quienes tienen la responsabilidad de protegerlos dentro del sistema educativo. Respetamos el derecho a la protesta, no estamos irrespetando al magisterio, solo les solicitamos a los docentes de Bogotá que deseen salir a manifestarse que lo hagan en contrajornada y así protegemos los derechos de todos”, afirmó Segovia.
Y es que el llamado a movilizaciones por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un amplio debate en el país, especialmente en el sector educativo. Mientras el Gobierno Nacional defiende el derecho de los trabajadores a participar en las manifestaciones, las autoridades locales, como la administración distrital de Bogotá, han enfatizado la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, como la educación.
Además, múltiples entidades a nivel nacional han expresado su rechazo al día cívico que decretó el máximo líder del Pacto Histórico con el fin de que los colombianos salgan a marchar en apoyo a las reformas que impulsa su gobierno.
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