En la madrugada de este miércoles 12 de marzo del 2025, se conoció que un grupo de aproximadamente cien personas, presuntamente miembros de comunidades indígenas, protagonizó un ataque al peaje Laberinto, ubicado sobre la ruta 45 entre los municipios de Hobo y Gigante, en el departamento del Huila.
La infraestructura del peaje, que aún se encontraba en construcción, fue incendiada y sufrió graves daños. Según las primeras versiones que fueron reportadas por medios informativos locales, los manifestantes habrían utilizado elementos incendiarios y contundentes para causar destrozos en las casetas del peaje, el sistema eléctrico y otros elementos logísticos de la construcción.
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El ataque también afectaciones de gran importancia en el peaje que, en consecuencia, se pone en duda la viabilidad de su pronta operación. El hecho se produjo en el contexto de una protesta liderada por comunidades indígenas, al parecer, por la Guardia Indígena, que se oponen a la instalación de este peaje como parte de sus exigencias.
Aseguran que la construcción de la estructura en la vía que conecta los municipios de Hobo y Gigante es una de las principales razones de su malestar, pues consideran que afecta a las comunidades locales y vulnera sus derechos.
Durante la protesta, las autoridades reportaron la participación de dos vehículos tipo chiva y cinco camionetas que transportaban a los presuntos responsables. En respuesta, la Policía Nacional activó su “cápsula jurídica” desde el Comando de Policía, desplegando unidades especializadas para esclarecer los hechos y proceder con la identificación de los involucrados.
Este ataque se suma a una serie de protestas en el país, donde diversas comunidades han expresado su rechazo a proyectos viales y otras infraestructuras que consideran perjudiciales para sus territorios y sus derechos. Las autoridades han prometido agilizar las investigaciones y tomar las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en la región.
Durante la protesta, las autoridades, de acuerdo con información obtenida por Blu Radio, reportaron la participación de dos vehículos tipo chiva y cinco camionetas que transportaban a los presuntos responsables. En respuesta, la Policía Nacional activó su “cápsula jurídica” desde el Comando de Policía, desplegando unidades especializadas para esclarecer los hechos y proceder con la identificación de los involucrados.
Este ataque se suma a una serie de protestas en el país por parte del gremio arrocero, donde diversas comunidades han expresado su rechazo a proyectos viales y otras infraestructuras que consideran perjudiciales para sus territorios y sus derechos. Las autoridades han prometido agilizar las investigaciones y tomar las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en la región.
El paro arrocero en Colombia concluyó tras un acuerdo entre el Gobierno y los productores
Después de nueve días de bloqueos en varias regiones estratégicas de Colombia, el paro arrocero llegó a su fin gracias a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los gremios de productores de arroz.
Según informó el Ministerio de Agricultura, las negociaciones lideradas por la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Xiomara Ortega Trujillo, lograron destrabar una situación que había generado importantes afectaciones económicas en el país. El pacto incluye la creación de un fondo de apoyo financiero de $21.900 millones, destinado a garantizar la comercialización de la producción arrocera, con un enfoque especial en los pequeños y medianos productores.
De acuerdo con la información oficial, este acuerdo fue clave para que los manifestantes desbloquearan las vías en departamentos como Meta, Huila, Tolima, Cesar y Norte de Santander, regiones que representan una parte significativa de la producción de arroz en Colombia. Durante los días de protesta, las interrupciones en el transporte afectaron no solo al sector agrícola, sino también a otras actividades económicas que dependen de la movilidad en estas zonas.
El fondo de $21.900 millones se dividirá en dos partes principales, según detalló el Ministerio de Agricultura. Por un lado, se destinarán $8.747 millones para respaldar la comercialización de hasta 72.896 toneladas de arroz producidas por pequeños agricultores. Por otro lado, cerca de $12.000 millones estarán dirigidos a los medianos productores, quienes podrán recibir apoyo para un máximo de 154.000 toneladas de su producción.
El incentivo económico por carga de arroz será diferenciado según el tipo de productor. Los pequeños arroceros recibirán un apoyo de $15.000 por carga, mientras que los medianos productores contarán con un esquema de incentivos ajustado a sus necesidades específicas.
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