Un parqueadero en Guasca (Cundinamarca) se encuentra en el centro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la custodia de vehículos decomisados.
Según reveló la emisora Caracol Radio, este establecimiento, identificado como “Parqueadero J&L”, estaría recibiendo vehículos inmovilizados por supuestas órdenes judiciales, a pesar de no contar con autorización oficial para ello.
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La situación ha destapado una posible red de corrupción que involucra a policías de la Metropolitana de Bogotá, quienes habrían participado en la confiscación irregular de automóviles particulares.
De acuerdo con la información publicada por el medio radial, existen indicios de que los agentes estarían falsificando documentos y exigiendo pagos a los propietarios de los vehículos para devolverlos.
Estas prácticas habrían afectado a varios ciudadanos, quienes denuncian que sus automóviles fueron llevados ilegalmente al parqueadero en cuestión, donde se les solicita el pago de sumas considerables para recuperarlos.
En un oficio emitido el lunes 3 de marzo, la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades del parqueadero J&L. El documento conocido por Caracol Radio señala que este establecimiento no está registrado como autorizado para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial.
Además, se destaca que desde 2019 no existe un registro oficial de parqueaderos habilitados para este propósito en Bogotá.
El oficio detalla que, tras consultar las bases de datos correspondientes, se confirmó que la judicatura no ha otorgado permisos al parqueadero J&L para operar en este ámbito. Esta situación ha generado sospechas sobre la legalidad de las acciones realizadas por el establecimiento y sobre el papel de los policías involucrados en los decomisos.
Otro documento presentado por la Policía Nacional asegura que el vehículo fue entregado de manera voluntaria por su poseedor y que no se realizó un proceso formal de inmovilización. Sin embargo, esta versión se contradice con las pruebas fotográficas que muestran cómo el automóvil fue trasladado en una grúa al parqueadero en Guasca. Alarcón calificó esta situación como un intento de encubrir las verdaderas circunstancias del decomiso.
Además, un oficio del Juzgado 15 Civil de Bogotá determinó que el decomiso del vehículo se realizó con base en un pantallazo de un auto admisorio, pero sin una orden judicial válida. Por ello, el juzgado ordenó al parqueadero devolver el automóvil a su propietario sin exigir ningún pago. No obstante, el parqueadero J&L se ha negado a cumplir con esta orden, argumentando que no les importa la decisión judicial y que el vehículo solo será devuelto si se realiza el pago exigido.
El caso de Angie Paola Alarcón: una víctima de la red
Entre las personas afectadas por estas presuntas irregularidades se encuentra Angie Paola Alarcón Garavito, quien lleva cerca de nueve meses intentando recuperar su vehículo.
Según relató a Caracol Radio, adquirió el automóvil a través de una financiera y, a pesar de estar al día con las cuotas, su esposo fue detenido por una patrulla de la Policía el pasado 6 de julio de 2024, cuando ingresaba a Bogotá por la calle 80. Durante el procedimiento, los agentes le preguntaron directamente si debía cuotas a la financiera, lo que generó sospechas sobre cómo obtuvieron esa información.
El vehículo fue llevado al parqueadero J&L en Guasca, donde ahora le exigen un pago de aproximadamente 8 millones de pesos colombianos para devolverlo. Alarcón asegura que nunca autorizó el traslado de su automóvil a ese lugar y que los documentos presentados para justificar la acción son falsos.
Uno de estos documentos, supuestamente emitido por el parqueadero, indica que el propietario solicitó voluntariamente que el vehículo fuera llevado allí, algo que la afectada niega rotundamente.
La alcaldía de Guasca confirmó a Caracol Radio que existen sospechas sobre las actividades irregulares del parqueadero J&L. Aunque se intentó contactar con los responsables del establecimiento, no se obtuvo respuesta. Este caso ha puesto en evidencia posibles vínculos entre el parqueadero y algunos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes habrían participado en la captura ilegal de vehículos y en la falsificación de documentos para justificar estas acciones.