El Gobierno colombiano sancionó la ley contra el ruido, una iniciativa que había sido avalada en el Congreso de la República, y que busca detener los efectos provocados por la contaminación acústica en el país.
La ley 2450 del 4 de marzo de 2025, fue publicada en la página oficial de la Presidencia de Colombia, que contempla la firma de varios funcionarios del orden nacional, entre ministros y directores de entidades del Estado.
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Entre los firmantes se encuentran los titulares de los ministerios de Salud, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura y Defensa, quienes tendrán un papel clave en la ejecución de esta normativa.
El representante a la Cámara, Daniel Carvalho, autor del proyecto en el legislativo, celebró la sanción de su iniciativa, y espera que esta directiva pueda contribuir a que mejore la calidad en las ciudades y municipios del territorio colombiano.
“Ahora tendremos reglas claras para reducir la contaminación acústica y lograr ciudades más serenas. Esto apenas empieza y estaremos acompañando su implementación efectiva en todo el país”, declaró el congresista en sus redes sociales.
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Lineamientos de la Ley contra el ruido
El objetivo principal de esta normativa es garantizar un entorno sonoro saludable para los ciudadanos, reduciendo los impactos negativos del ruido en la salud y el bienestar de la población. La contaminación acústica, que afecta tanto a las áreas urbanas como rurales, ha sido identificada como un problema creciente en Colombia, y esta ley busca establecer un marco claro para su regulación y control.
Según lo estipulado en la nueva ley, los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda tendrán un plazo de 18 meses para actualizar la reglamentación relacionada con la contaminación acústica.
“Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social tendrán dieciocho meses contados a partir de la promulgación de la presente Ley para actualizar la reglamentación en lo referente a la contaminación acústica y, particularmente, los lineamientos técnicos orientados al cumplimiento de los parámetros de confort acústico y de aislamiento acústico”, dice el documento.
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Además, la normativa también le ordena a la cartera ambiental que defina los indicadores que representen la calidad acústica en el país, así como la creación de procedimientos para medir el ruido y la elaboración de mapas de ruido. Además, deberá diseñar programas específicos para reducir la contaminación acústica, establecer niveles de prevención, alerta y emergencia, y desarrollar medidas generales para abordar esta problemática.
De igual forma, se ordena al Ministerio de Salud para que adelante varios estudios donde se evalúe los impactos del ruido en la salud, incluyendo un análisis de los costos económicos que este problema representa para el sistema de salud pública.
Multas y sanciones pedagógicas
Uno de los puntos clave de la Ley es la obligación de los municipios con una población igual o superior a 100.000 habitantes de desarrollar un plan de gestión contra el ruido. Este plan deberá basarse en un diagnóstico que permita identificar las principales fuentes de contaminación acústica y diseñar estrategias específicas para mitigar su impacto.
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En cuanto a sanciones para quienes excedan los niveles de ruido permitidos, la ley menciona que las multas pueden variar desde dos hasta 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes (más de 1.135 millones de pesos), cargos tributarios que podrían tener, por ejemplo, eventos con más de 5.000 asistentes que no cumplan con las disposiciones establecidas.
“No hay ningún problema si una vecindad quiere hacer una fiesta. El problema es que un solo vecino saque un parlante y dañe la calma de todo un barrio. Es muy diferente una fiesta colectiva, concertada, de una comunidad, a dos personas en una esquina, con un parlante, sin dejar dormir a la gente”, expresó Carvalho durante las discusiones de la iniciativa en el Congreso.
Del mismo modo, en la Ley firmada por el Gobierno Petro, se incluye un enfoque educativo y cultural para sensibilizar a la ciudadanía sobre este problema. Estas acciones estarán dirigidas a fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre los efectos negativos del ruido en la salud y el bienestar de las personas.
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Con esta normativa, Colombia se suma a los países que han adoptado medidas específicas para combatir la contaminación acústica, tales como Bolivia, Chile, Ecuador y España, reconociendo su impacto en la salud pública y el medio ambiente.