La confrontación entre el ELN y el Clan del golfo no cesa en el departamento del Chocó, en el especial en la subregión del Medio San Juan, donde desde mediados de febrero la población civil vive en una crisis humanitaria por los desplazamientos y confinamientos forzados de los que son víctimas al quedar en medio de los combates de los dos grupos armados organizados.
Ante la grave situación, desde la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó por la presencia de grupos armados ilegales en el departamento y le solicitó al Gobierno Nacional “medidas inmediatas” para proteger a los ciudadanos afectados, en especial a los indígenas y afrodescendientes.
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“#Alerta Recibimos información sobre presencia y acciones de grupos armados no estatales desde el 26 de febrero en San Juan, en Bajo Baudó y litoral del San Juan #Choco, poniendo en riesgos a la población civil. Urgimos al Estado medidas inmediatas de protección [sic]”, señalaron en su cuenta oficial de la red social.
Aunque hace dos semanas el ELN había levantado un paro armado que impusieron en la zona, han continuado con los combates contra el también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) que ha dejado cerca de 4.000 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, según cifras de la misma Gobernación.
“Las comunidades en mayor riesgo son: el Consejo Comunitario General del San Juan #ACADESAN, la Juntanza Interétnica del Bajo Calima y las comunidades indígenas del #PuebloWounaan, en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan [sic]”, trinaron desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Insistieron en que desde el martes de la semana pasada nuevamente hay “confinamiento de la población civil y restricciones a la movilidad, incluso prohibición de usar lanchas, bajo amenaza”, pese a que se suponía que ya se había superado el paro armado.
“Condenamos vulneraciones de derechos humanos e infracciones del #DIH por grupos armados no estatales. Reiteramos a los grupos la obligación de respetar a población civil, normas de #DDHH y principios de #DIH, en particular el Artículo 3 Común a los Cuatro Convenios de Ginebra [sic]”, indicaron en X.
Desde ese organismo de la ONU conminaron “a las autoridades responsables, particularmente fuerza pública, a adoptar medidas de prevención y protección eficaces en el marco de la política de seguridad del Ministerio de Defensa para la población del Chocó en riesgo”.
Por la complicada situación de orden público, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, cuestionó duramente al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, por el deterioro de la seguridad.
“Yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y pipetas, con cilindros bomba”, denunció durante la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva (Boyacá) que se realizó justo cuando el ELN perpetró el paro armado.
En una entrevista reciente con la agencia española de noticias EFE, la defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que el Clan del Golfo y el ELN han sido los grupos armados organizados en Colombia que más han tenido una preocupante expansión en el territorio nacional durante los últimos cinco años y recordó que en el país hay 11 crisis humanitarias simultáneas por cuenta de los enfrentamientos entre varias estructuras.
“La mayoría de estos focos de violencia son conflictos entre distintos grupos armados ilegales, y los procesos de paz son entre el Gobierno y un grupo armado ilegal”, aseguró.
Agregó que el fortalecimiento de los grupos armados ilegales ha hecho que el Estado pierda en algunas partes control territorial, pues hay 708 municipios del país, de un total de 1.104, sobre los que la Defensoría del Pueblo ha alertado de la presencia de esas organizaciones.