En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, se desmanteló un esquema delictivo que alteraba los reportes oficiales de incautación de drogas en Colombia.
Según informó la Fiscalía, los responsables reducían deliberadamente las cantidades reportadas de sustancias ilícitas confiscadas, apropiándose del excedente para venderlo posteriormente a organizaciones narcotraficantes.
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Este entramado ilegal operaba principalmente en el departamento de La Guajira, con conexiones internacionales hacia países de Centroamérica y Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones llevaron a la captura de siete personas en diligencias realizadas en Riohacha, capital de La Guajira. Entre los detenidos se encuentran cinco miembros activos de la Policía Nacional y dos civiles.
Los uniformados implicados son los subtenientes Iván Leonardo Góngora y Édinson Javier García Mercado, así como los patrulleros Jesús Albeiro Bohórquez Arévalo, Óscar Andrés Torres Mosos y Carlos Alberto Novoa Morales.
Por su parte, los civiles detenidos fueron identificados como Eduardo Barrera Jiménez y Luis David Ustariz Hernández. Un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados.
La Fiscalía detalló que los policías involucrados desempeñaban un papel clave en la operación ilícita. Según las investigaciones, estos funcionarios alteraban los informes oficiales de incautación de drogas, manipulando las cifras para ocultar parte de las sustancias confiscadas.
Además, utilizaban vehículos oficiales para transportar los narcóticos desviados hacia inmuebles donde eran almacenados temporalmente. Posteriormente, estas sustancias eran entregadas a terceros que se encargaban de coordinar su envío hacia mercados internacionales, principalmente en Centroamérica y Estados Unidos.
El medio consignó que, como parte de las diligencias judiciales, se realizaron procedimientos en los municipios de Maicao y Riohacha, ambos en La Guajira. Durante estas operaciones, las autoridades lograron incautar 98 kilogramos (216 libras) de clorhidrato de cocaína y 700 kilogramos (1.543 libras) de marihuana.
También se decomisaron un arma de fuego y varios dispositivos electrónicos que, según las autoridades, podrían contener información relevante para la investigación.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los detenidos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado.
Desmantelamiento de un megalaboratorio del Clan del Golfo en Casanare
En otra operación que evidencia la magnitud del problema del narcotráfico en Colombia, las autoridades desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína en Orocué, Casanare, perteneciente al Clan del Golfo.
La estructura, que operaba bajo las órdenes de alias Chiquito Malo, estaba diseñada para producir grandes cantidades de droga con eficiencia y distribuirla a mercados internacionales.
El operativo, que contó con la participación del Ejército Nacional, la FAC, la Policía y la Fiscalía, requirió la intervención de expertos antiexplosivos, ya que el grupo criminal había instalado artefactos para frenar el avance de las tropas.
Las autoridades incautaron más de 3.000 kilogramos de insumos sólidos, 121.000 litros de sustancias químicas y equipos industriales que reflejan la capacidad de producción de estas organizaciones.
Captura de cabecillas del narcotráfico en Ecuador con nexos en Colombia
En un operativo internacional, la Policía Nacional de Ecuador capturó a Omar Auseno B., alias Llanero, y Nirama Ch. G., alias Nirama, en la provincia de Sucumbíos. Los detenidos eran piezas clave del narcotráfico internacional y habían asumido roles de liderazgo tras la captura de alias Gerald en 2017, conocido como el “Pablo Escobar ecuatoriano”.
La estructura liderada por Llanero y Nirama mantenía vínculos con el clan Los Narváez en Colombia y con el Frente 48 de las Farc, facilitando el tráfico de estupefacientes y gestionando cultivos ilícitos en la zona de frontera. Su actividad abastecía mercados en Centroamérica, México y Estados Unidos, consolidando una red criminal que operaba en múltiples frentes.
Ambos casos muestran las múltiples aristas del narcotráfico en Colombia: desde la producción a gran escala en zonas rurales, hasta las filtraciones en las instituciones encargadas de combatirlo.
Las autoridades siguen golpeando a las estructuras criminales, pero estos episodios reflejan la persistencia de las redes ilegales y la necesidad de reforzar los controles internos para evitar que la corrupción debilite los avances en la lucha contra las drogas.