Las autoridades de Bogotá descubrieron un millonario fraude relacionado con el suministro de agua en las localidades de Kennedy y Fontibón, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), la Policía Nacional y las alcaldías locales. Tras una serie de inspecciones en 32 establecimientos, incluidos lavaderos de vehículos y una bodega de limpieza de papa, se identificaron múltiples irregularidades en el consumo de agua, lo que representó un desfalco que superó los 716 millones de pesos.
Entre los hallazgos más significativos, se detectó que dos lavaderos de carros implementaron prácticas ilegales para evadir el cobro del servicio, como la instalación de bypass y la manipulación de medidores. Estas acciones resultaron en una defraudación cercana a los 531 millones de pesos, lo que equivalió al uso fraudulento de aproximadamente 67.000 metros cúbicos de agua. En uno de estos establecimientos, las autoridades capturaron a la propietaria, quien fue puesta a disposición de la justicia.
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Además, se descubrió que una empresa dedicada al lavado de papa utilizaba un sistema similar para ocultar su verdadero consumo, evitando así el pago correspondiente. Este fraude específico ascendió a 185 millones de pesos y representó el uso no autorizado de más de 20.500 metros cúbicos de agua. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la cantidad de agua robada en estos casos habría sido suficiente para abastecer a unas 7.300 familias durante un mes.
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Como resultado de la intervención de las autoridades, la Policía Nacional impuso comparendos y ordenó el sellamiento de nueve establecimientos que incumplieron las normativas vigentes en el uso del servicio de agua. Además, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá retiró 11 medidores que presentaban irregularidades, los cuales fueron enviados a su laboratorio para un análisis detallado.
Para hacer frente a este tipo de fraudes, la Eaab reforzó sus mecanismos de control mediante el uso de maquinaria especializada y sistemas tecnológicos avanzados que facilitaron la detección de intervenciones ilegales en la red de acueducto. Paralelamente, la Policía del Agua, adscrita a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, incrementó sus operativos utilizando drones y equipos especializados, con el fin de inspeccionar áreas de difícil acceso y localizar anomalías en el suministro. Estas medidas de vigilancia y control continuarán de manera permanente con el propósito de evitar nuevas afectaciones al recurso hídrico de la ciudad.
Las autoridades enviaron un mensaje a los comerciantes involucrados en el uso irregular del servicio de agua, recordándoles que las conexiones fraudulentas no solo representan un delito, también pueden derivar en sanciones administrativas y procesos judiciales. Se enfatizó que estas prácticas afectan directamente a la comunidad, ya que comprometen la distribución equitativa del recurso hídrico y generan pérdidas económicas significativas para la ciudad.
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Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reiteró la necesidad de que todos los usuarios cumplan con la normativa vigente y accedan al servicio de manera regular, evitando cualquier tipo de alteración en la infraestructura de distribución.
Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que puede reportar cualquier anomalía en el uso del agua. Para ello, se habilitaron canales de denuncia como la línea telefónica Acualínea 116 y el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co, a través de los cuales se pueden informar posibles fraudes y contribuir a la protección del recurso hídrico en la ciudad.
El robo de agua en medio de un racionamiento tiene graves consecuencias tanto para la comunidad como para el medioambiente. En primer lugar, afecta directamente a quienes cumplen con las restricciones, ya que disminuye la cantidad de agua disponible y agrava la crisis hídrica. Además, sobrecarga la infraestructura, causando fugas y daños en la red de distribución. También genera un impacto ambiental al acelerar el agotamiento de fuentes hídricas ya vulnerables. Desde el punto de vista legal, puede acarrear sanciones económicas y hasta penas judiciales. Finalmente, este tipo de prácticas fomenta la desigualdad, perjudicando a quienes más necesitan el recurso.
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