La crisis ambiental y social en las Islas del Rosario encendió las alarmas en Cartagena, llevando a la Personería Distrital a interponer una acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades negras, especialmente en el caserío de Orika. Esta acción busca generar una intervención urgente que permita frenar el deterioro ambiental y los conflictos sociales derivados del crecimiento descontrolado de la población y el turismo sin regulación.
Marlon Yanez Camargo, personero delegado para la protección de las comunidades, manifestó la preocupación por la presión ejercida sobre los recursos naturales y la falta de condiciones adecuadas para la convivencia. “Hemos recurrido a este mecanismo legal para que un juez de la República intervenga y analice las problemáticas socioculturales y ambientales que afectan a las Islas del Rosario. Nuestra expectativa es que se implementen medidas urgentes para preservar el ecosistema y salvaguardar a las comunidades que son sujetos de especial protección constitucional”, aseguró.
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Uno de los problemas más graves es la proliferación de viviendas y asentamientos informales, lo que generó un aumento de la densidad poblacional sin ninguna regulación clara sobre el acceso al territorio. El informe de la Personería advirtió que la situación se agravó debido a la llegada masiva de personas que buscan establecerse en la zona sin contar con servicios básicos adecuados. “El acelerado proceso migratorio ha incrementado la demanda de recursos básicos y ha generado problemas de convivencia. Es urgente adoptar medidas que regulen el derecho de circulación y residencia en el territorio insular”, señala el documento.
La falta de infraestructura sanitaria es otro de los puntos críticos. La ausencia de un sistema de alcantarillado y el inadecuado manejo de residuos sólidos incrementaron la contaminación del agua y el deterioro del ecosistema marino. A esto se suma la alerta emitida por Cardique, que detectó altos niveles de contaminación por coliformes en muestras de agua recogidas en la ciénaga de Portonaito y Playa Blanca-Barú. “A Islas del Rosario ingresan diariamente una gran cantidad de embarcaciones y turistas. Sin infraestructura sanitaria adecuada, nos preguntamos dónde está terminando toda esa contaminación”, advirtió Yanez.
Otro factor que preocupa a las comunidades nativas es la creciente inseguridad. El incremento de conflictos entre pobladores ancestrales y nuevos residentes derivó en enfrentamientos y tensiones sociales. Desde la Personería se hizo un llamado a las entidades gubernamentales para que implementen acciones concretas que garanticen la seguridad y regulen la convivencia en la región.
El impacto del turismo descontrolado también está generando estragos. Aunque la llegada de visitantes podría representar una oportunidad económica para la comunidad, la falta de regulación provocó un aumento en el uso de los recursos naturales sin garantías de sostenibilidad. La explotación desmedida del entorno está afectando la biodiversidad, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la región. Además, la construcción indiscriminada de infraestructuras turísticas llevó a la destrucción de hábitats naturales y generó un impacto negativo en la fauna local. La creciente generación de residuos sólidos y la contaminación de cuerpos de agua amenazan con deteriorar irreversiblemente el entorno.
Ante esta situación, la Personería Distrital espera que la acción de tutela lleve a las autoridades a establecer estrategias urgentes para controlar el crecimiento poblacional desbordado, asegurar la sostenibilidad del ecosistema y proteger a los habitantes originarios. La solución a estos problemas requiere un compromiso conjunto entre el Estado, las organizaciones ambientales y la comunidad, con el fin de evitar un colapso ambiental y social en las Islas del Rosario. Esto implica no solo regulaciones más estrictas, sino también programas de educación ambiental y estrategias de conservación que involucren a todos los actores de la región.