En lo que podría representar un duro golpe para la política de Paz Total del presidente de la República, Gustavo Petro, el representante a la Cámara Óscar Villamizar del Centro Democrático radicó el martes 18 de febrero de 2025 un proyecto de ley con el que busca la derogación de la Ley 2272 del 2022: que le dio el aval jurídico a los diferentes procesos de negociación que se llevan a cabo con organizaciones ilegales, algunas de ellas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Según el congresista de oposición, que hace parte de la colectividad que lidera el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, esta normativa ha generado un aumento en la inseguridad y ha otorgado beneficios a grupos al margen de la ley; tanto así, que no dudó en calificarla con duros términos. ”El remedio nos salió más caro que la enfermedad”, indicó el parlamentario, que expuso en detalle los motivos que lo llevaron a poner en consideración del órgano legislativo esta propuesta.
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Y es que si hay una iniciativa en la que el Ejecutivo ha puesto sus esperanzas es en la política de Paz Total, que fue una de las principales apuestas de Petro para alcanzar, de manera exprés, acuerdos para la finalización de diferentes conflictos; sin que hasta el momento se muestren resultados significativos para el país. Por el contrario, advirtió Villamizar, esta situación ha llevado a consecuencias preocupantes, como el incremento de la presencia de grupos al margen de la ley.
Los motivos de Óscar Villamizar para pedir que se tumbe la ley que respalda la Paz Total
Asimismo, de acuerdo con su denuncia, ha existido la vulneración de procesos legales existentes, pues Villamizar afirmó que en el caso del Ejército de Liberación Nacional, una de las organizaciones que negociaba un Acuerdo de Paz con el Estado, su presencia aumento en el 56% del territorio nacional. Entretanto, el Clan del Golfo, más conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), “han asediado en más del 75% del país”. Esto, a su parecer, es clara evidencia del fracaso de esta ley, como marco legal para avalar los diferentes procesos.
Además de la crítica a la ampliación del radio de acción de los grupos armados en diferentes zonas del país, el congresista enfatizó en lo que considera un mal uso de herramientas de justicia para consolidar este tipo de acuerdos. “Se acabaron las órdenes de captura. Empezaron a nombrarlos gestores de paz”, sostuvo Villamizar, que fue enfático en decir que este tipo de políticas han sido contraproducentes, cuando además existen reparos a la manera en que también ha aumentado el reclutamiento de menores. Y respaldó su afirmación con datos de la Defensoría del Pueblo, con más de 400 niños involucrados con los diferentes actores armados.
El representante por el departamento de Santander, en este orden de ideas, expresó su descontento con lo que considera un “exceso de beneficios” a los grupos armados ilegales, y aseguró que esto ha debilitado la labor de la fuerza pública. Según él, se han aprobado ceses al fuego que han limitado la capacidad operativa de las autoridades y, en consecuencia, permiten a los grupos ilegales expandir su influencia en el territorio nacional. “Nos cansamos de que los bandidos tengan mayores beneficios y que este gobierno sea un aliado de ellos”, indicó.
Y fue claro en recalcar que “en nombre de la paz no puede haber impunidad; sobre todo, cuando sin seguridad el diálogo es inútil y la paz esquiva”. Lo anterior, debido a que la Ley de Paz Total otorga facultades al parecer “ilimitadas” al Gobierno y “ataron de manos” a quienes están encargados de defender el orden en el país, a niveles que, incluso, facultó a los grupos criminales a “delinquir con órdenes de captura suspendidas”.
Por último, el representante también insistió en que la paz no puede construirse a expensas de la seguridad ni de los procesos judiciales establecidos previamente. Según él, el proyecto legislativo responde a la necesidad de corregir el rumbo de las políticas de paz, y proponer un enfoque más estricto y enfocado en la acción penal directa contra estas estructuras.