Más de 1.000 personas en el Chocó han sido víctimas de desplazamiento y confinamiento debido al paro armado de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado martes 18 de febrero de 2025.
La situación ha generado restricciones severas en el acceso a recursos básicos, como alimentos y medicamentos, afectando especialmente a comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y a menores de edad. Además, el uso de minas antipersona ha incrementado el riesgo para la población.
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Y es que la crisis no solo involucra al ELN, sino también a otros grupos armados ilegales que operan en la región, como estructuras del Clan del Golfo, disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, así como las bandas conocidas como Shottas y Espartanos. Estas organizaciones han intensificado su presencia en el territorio, exacerbando la inseguridad y el temor entre los habitantes.
Por ejemplo, en Istmina, uno de los más afectados por la situación, el alcalde, Jaison Mosquera, describió un panorama desolador. En declaraciones a Noticias RCN, Mosquera afirmó que la población vive en un estado de zozobra y confinamiento total. “La gente está atemorizada y con mucha zozobra. Hoy estamos confinados, no hay entrada de combustible ni de pasajeros”, señaló el mandatario local.
El alcalde también expresó su preocupación por la imposibilidad de movilizarse hacia Quibdó, capital del Chocó, donde tenía programada una reunión con la vicepresidenta Francia Márquez. “No tengo la capacidad para salir a Quibdó”, explicó, evidenciando las dificultades de transporte que enfrenta la región debido a las restricciones impuestas por los grupos armados.
De hecho, la interrupción de la navegabilidad en los ríos, ordenada por el ELN como parte del paro armado, ha bloqueado el suministro de alimentos y equipos médicos básicos hacia las zonas rurales de Istmina y otros municipios del Chocó.
“Es complejo porque la gente tiene mucho temor y acata la orden que ha dado el ELN”, afirmó Mosquera. Y es que esta situación ha dejado a las comunidades más vulnerables sin acceso a productos esenciales, agravando aún más la crisis humanitaria.
El alcalde también criticó la falta de acción por parte del Ejército Nacional para prevenir el paro armado, a pesar de que este había sido anunciado con antelación. “Es un paro que estaba anunciado y el Ejército no hizo ninguna acción importante necesaria para evitarlo. Entonces parece que hay un silencio de la fuerza militar también. Los que tienen el control son los grupos armados”, denunció Mosquera.
En medio de esta compleja coyuntura, el alcalde de Istmina hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Gobierno nacional para que brinden atención inmediata al departamento del Chocó. “Nosotros queremos que, así como se atendió al Catatumbo con toda la oferta institucional, llegue al departamento del Chocó. Nosotros también hacemos parte de Colombia, que nos respeten, quieran y traten dignamente”, expresó Mosquera.
La situación en Chocó pone de manifiesto las profundas desigualdades y el abandono histórico que han enfrentado las comunidades de esta región. Mientras tanto, miles de personas permanecen atrapadas en un contexto de violencia y precariedad, a la espera de una respuesta efectiva por parte de las autoridades nacionales.
Frente a ello, es válido añadir que debido a la gravedad de la situación, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para realizar un monitoreo continuo del desarrollo del paro armado y tomar medidas de respuesta inmediata ante posibles emergencias.
“Nos hemos constituido en un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la totalidad del tiempo que ha sido previsto por este grupo, a través de sus comunicaciones, para el constreñimiento armado en el departamento del Chocó, atendiendo sobre todo a cualquier emergencia que pueda suscitarse en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, afirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.