El Gobierno nacional radicó un mensaje de urgencia al Senado de la República para iniciar el debate del Proyecto de Ley 150 de 2024, el cual busca prohibir el uso de la técnica de fracking en Colombia. Esta propuesta fue presentada por los ministros Gustavo García, del Interior, y Susana Muhamad, de Ambiente; y representa un paso clave en el plan del Gobierno para frenar los riesgos ambientales y avanzar en la transición hacia una economía más sostenible.
Dicho proyecto de ley tiene como objetivo principal la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos en cinco tipos de yacimientos no convencionales en territorio nacional: lutitas, areniscas bituminosas, hidratos de metano, gas asociado a mantos de carbón, y areniscas y carbonatos apretados.
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Según los jefes de cartera, esta medida es esencial para cumplir con las metas de reducción de emisiones de Colombia en el contexto de la crisis climática global.“Este proyecto resulta fundamental para alcanzar las metas del Estado colombiano en materia de reducción de emisiones, NDC, para hacer frente a la crisis climática, e impedir la ocurrencia de riesgos graves sobre la salud humana, la fauna y flora local, el agua subterránea, entre otras afectaciones advertidas por la ciencia asociadas a la técnica del fracking y los YNC”, afirmaron en una carta conjunta dirigida al presidente del Senado, Efráín Cepeda; el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca; el presidente de la Comisión Quinta del Senado; Marcos Daniel Pineda; y al presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, Jose Octavio Cardona.
El mensaje de urgencia también destaca la importancia de este proyecto dentro del marco del actual Plan Nacional de Desarrollo: “Es un paso necesario para desescalar el modelo de economía extractiva y sustituirlo por uno que apueste por la sostenibilidad”, puntualizaron.
En su carta, los ministros solicitaban que el Congreso de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes pertinentes, procediera al trámite urgente del proyecto de ley. Este procedimiento implicaría que las comisiones constitucionales permanentes, en especial la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y del Senado, deliberaran de forma conjunta y agilizaran el paso de la propuesta hacia las plenarias de ambas cámaras.
De ser aceptada esta petición, las comisiones tendrían que sesionar de manera conjunta para discutir y emitir un informe, tras lo cual el proyecto sería debatido y votado por las plenarias. La solicitud subraya la relevancia política y económica del proyecto para el Gobierno, y la importancia de que sea tratado con celeridad.
El contexto político del ‘fracking’ en Colombia
Este nuevo intento por prohibir el fracking se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno colombiano y la industria petrolera, que sigue siendo fundamental para la economía del país. El fracking, una técnica que permite la extracción de hidrocarburos a través de fracturamiento hidráulico, ha sido un tema de controversia debido a sus implicaciones ambientales. La ministra Susana Muhamad ha señalado que geológicamente Colombia no está preparada para esta técnica, ya que no posee grandes yacimientos de gas o petróleo no convencionales.
“En 2022, el fracking se mostró como una opción inconveniente para el país. Geológicamente, Colombia no es un país petrolero. No contamos con grandes yacimientos de gas que justifiquen esta práctica”, explicó Muhamad. La postura oficial es que la utilización de esta técnica en territorio colombiano pondría en riesgo recursos esenciales como el agua subterránea y afectaría la biodiversidad local.
Sin embargo, el debate sobre el fracking se ha intensificado en los últimos meses. En febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro hizo una controversial declaración durante un Consejo de Ministros, en la que sugirió la venta de las operaciones de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos, argumentando que los recursos obtenidos de esta venta podrían invertirse en energías limpias.
Pero, las palabras de Petro generaron una fuerte reacción de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, que calificó la propuesta de “apresurada y ligera”. Según César Loza, presidente de la USO, la decisión no tomó en cuenta las implicaciones económicas y laborales de una medida tan drástica. A pesar de estas críticas, el Gobierno continúa con su enfoque de transición hacia energías renovables, respaldado por las políticas públicas que apuntan a desincentivar el uso del fracking.
El proyecto de Ley 150 de 2024 se encuentra en un momento crítico. Tras haber sido hundido en varias ocasiones por falta de discusión, esta vez el Gobierno se muestra decidido a llevarlo a cabo con rapidez. La aprobación de la ley podría marcar un antes y un después en la política energética del país, representando una victoria para los sectores ambientalistas y una derrota para las industrias que defienden la explotación de hidrocarburos como una fuente de ingresos vital para la economía.
No obstante, el camino hacia la implementación de esta medida no será fácil. La oposición de diversos sectores económicos, incluidos algunos políticos y empresarios del sector energético, podría poner trabas a la aprobación final. Además, las dificultades para llegar a un consenso en el Congreso podrían generar más demoras.
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