Hay conmoción en Santa Marta tras conocerse una denuncia por presunto abuso sexual contra Elías Enrique Ospino, un paciente de 44 años con diagnóstico de retraso mental grave, en el hospital Julio Méndez Barreneche de la capital de Magdalena.
Según la investigación de la Fiscalía, pese a que los hechos se remiten al 2 de mayo de 2024, solo hasta el mes de febrero de 2025 comenzó el proceso judicial en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta contra Germán Bustos Gil, señalado de cometer este delito en el centro hospitalario.
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Durante la primera audiencia, el ente acusatorio relató cómo el presunto acosador habría accedido carnalmente al paciente psiquiátrico en un baño del hospital de Santa Marta. Según la Fiscalía, Bustos Gil fue sorprendido en flagrancia por un enfermero, quien dio aviso a la administración del centro médico para que se adoptaran las medidas correspondientes.
Además, la entidad acusadora mencionó que el hoy procesado estaba consciente de realizar los actos sexuales contra Ospino, por lo que le imputó los cargos por acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir. En medio de la audiencia, Germán Bustos Gil no aceptó los delitos impuestos por la Fiscalía.
Por ahora, el juez definirá si avala la solicitud de la Fiscalía de que el presunto abusador se le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, se desconoce la situación de salud de la víctima que, además, es diagnosticado con deterioro del comportamiento, epilepsia no especificada e incapacidad de comunicarse verbalmente. Según informaron medios locales, al paciente se le realizaron valoraciones médicas para descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual.
Por otra parte, las directivas del hospital no se han pronunciado al respecto, lo que ha generado inconformidad tanto en defensores de derechos humanos como en la comunidad en general, al considerar que no ha dado claridad frente a las medidas para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.
“Es inaceptable que en un hospital donde deberían estar protegidos, sucedan estos hechos”, declaró María Rodríguez, activista de derechos humanos de la capital samaria en diálogo con El Tiempo.
Igualmente, trabajadores del sector salud de la ciudad de Magdalena reiteraron su rechazo ante la negligencia de la administración del hospital samario ante el caso. “No es posible que alguien ingrese a un baño con un paciente sin que haya controles estrictos. ¿Dónde estaban los supervisores?”, cuestionó un trabajador al citado medio de comunicación.
Según expertos en materia judicial, la familia del paciente podría emprender acciones legales contra el hospital por omisión en la vigilancia y protección de sus pacientes, lo que podría acarrear en sanciones administrativas, así como una eventual reparación económica para la víctima.
Supuesta negligencia médica en el hospital de Santa Marta
Este no ha sido el único caso donde el hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta ha estado en el ojo del huracán. En el mes de enero de 2025, pacientes del centro médico denunciaron negligencia por parte del personal médico, tras conocerse el fallecimiento de una mujer adulta mayor por un fuerte dolor en las piernas.
Según informó el medio local Radio Magdalena 1040 am, la dama había esperado por más de tres horas en el centro hospitalario para que recibieran la documentación de ingreso. Posteriormente, ciudadanos denunciaron que esperó por otro lapso de tiempo para recibir su atención médica, pero que fue en vano tras confirmarse el deceso de la persona.
A su vez, un paciente de Ciénaga aseguró malos tratos y fallas en la atención del personal médico del hospital samario. “Es deprimente. Demasiado tiempo en espera de la atención, que en nada es mejor a la que recibí en el Hospital San Cristóbal, muy a pesar de ser del segundo nivel de complejidad”, señaló el denunciante al citado medio de comunicación.
Por el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de las autoridades del hospital en relación con estas denuncias. Sin embargo, los testimonios de los afectados y las críticas públicas han intensificado el llamado a una revisión exhaustiva de las condiciones en las que opera este centro asistencial.