El 16 de enero de 2025, miles de familias tomaron la decisión de salir de los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata ante el ataque que miembros del ELN perpetuaron contra habitantes de la región conocida como El Catatumbo.
Desde entonces, según el boletín 18 del PMU, alrededor de 34.000 personas están confinadas en sus hogares con riesgo de ser atacadas, más 50.000 se dirigieron a ciudades como Norte de Santander o Bucaramanga para salvaguardar sus vidas y se han reportado más de cincuenta colombianos asesinados por las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional.
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Desde que la crisis comenzó a agudizarse, tanto el Gobierno local como el nacional tomaron la decisión de atender a las personas afectadas con el fin de llevar a cabo una atención que les permitiera cubrir los derechos básicos de toda persona en el país. Sin embargo, el dinero destinado para esta operación estaría siendo malversado según una publicación de Noticias RCN.
El medio citado entrevistó a José Botello, abogado y defensor de los derechos humanos, que indicó que a la crisis que viven los colombianos en Catatumbo se le suma un presunto cobro excesivo de diferentes comestibles y espacios de descanso.
De acuerdo con el testimonio del abogado, los precios de consumo estarían elevándose, así como el valor la estancia en hoteles en los principales punto de atención en Norte de Santander.
“Se están robando el dinero que envía el Gobierno nacional, en donde desayunos que realmente no son alimento para ser humano, los están cobrando a $40.000 a $80.000 y así con almuerzos y demás. Incluso los hoteles”, afirmó el profesional en leyes a RCN Noticias.
El también defensor de derechos humanos indicó que la empresa encargada de llevar los alimentos, no solo estarían entregando productos que no corresponden al valor de precio, sino que además estarían ejerciendo presión sobre los damnificados para que no revelen la cantidad de alimento que reciben: “El que lleva la alimentación, quien la suministra, les prohíbe a las personas tomar fotos, los vigilan mientras comen, parecen presos. Están legalizando el dinero”.
Asimismo, José Botello dijo al medio citado que “le corresponde al Gobierno nacional investigar, si es que están girando los recursos, ver si los están desviando o qué está pasando”, con el fin de conocer qué está pasando con los recursos que han sido enviados desde Bogotá al nororiente de Colombia para atender la crisis humanitaria.
El medio mencionado afirmó que la alcaldía no ha dado respuesta a diferentes solicitudes de información, dada la magnitud de la crisis, por lo que solicitó una ampliación del término legal para atender las preguntas de diferentes ciudadanos.
El testimonio de una colombiana afectada
Una mujer indicó al medio mencionado que, junto con su familia, llevan un mes siendo atendidos, pero que aún siguen esperando por respuestas concretas por parte del Estado: “Llegamos acá, nos albergaron en hoteles. Hemos estado más de un mes acá, esperando que nos ayuden y nos den soluciones”.
Asimismo, recordó que dada fuerza del conflicto, salieron de su municipio sin ninguna de sus pertenencias: “Salimos corriendo, no tuvimos oportunidad de traer ropa; huir, porque la presión de los disparos, la guerra que estábamos viviendo era un caos total”.
Según cifras del Pmu de la Gobernación de Norte de Santander, 57 colombianos han sido asesinados en medio del conflicto entre disidentes de las Farc y miembros del ELN, de los cuales 45 son civiles, 5 son menores de edad, otros 5 son firmantes de paz y 2 colombianos eran líderes sociales.
Según Noticias Caracol, se han realizado 64 vuelos con el fin de evacuar a 723 víctimas de este flagelo.