En la tarde del domingo 16 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación emitió un contundente pronunciamiento en el que rechazó las acciones criminales perpetradas por organizaciones armadas ilegales en el departamento del Chocó.
A través de un documento, ente de control disciplinario exigió al Gobierno nacional y a las autoridades competentes actuar con prontitud para proteger a las comunidades vulnerables de la región.
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Este llamado se conoció en un contexto de creciente violencia y desprotección que afecta a miles de personas en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
Contexto de violencia y paro armado
El departamento del Chocó, conocido por su riqueza natural y diversidad cultural, ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc.
Estas organizaciones han sometido a la población civil a una crueldad inaceptable, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.
Incluso, la situación se ha agravado con el reciente anuncio del ELN de un “paro armado” en la región, que dejará confinadas a más de 10 mil personas, según la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.
El paro armado, que comenzará a las 12:00 a. m. del 18 de febrero y se extenderá hasta las 12:00 a. m. del 21 de febrero, ha sido justificado por el ELN como una respuesta a la “invisibilización” de la crisis humanitaria en el Chocó y a la presencia de paramilitares.
En un comunicado, el grupo armado acusó al Gobierno nacional de ser el principal responsable del recrudecimiento del conflicto y de la difícil situación que atraviesa el departamento, señalando que las fuerzas militares no han realizado operativos efectivos contra el paramilitarismo.
Impacto en la población civil
Por tal motivo, la Procuraduría expresó su preocupación por el impacto de estas acciones en la población civil, dado que la siembra de minas antipersona en la zona es una muestra más de la crueldad con la que operan estos grupos armados.
En ese sentido, el jefe del Ministerio Público recordó al Gobierno nacional y a las autoridades sus deberes esenciales de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica.
“Es reprochable y condenable que estas organizaciones criminales hayan sembrado de minas antipersona un amplio territorio de ese departamento, poniendo en riesgo a la población civil”, se lee en el documento.
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, enfatizó.
Respuesta al Gobierno y Fuerzas Militares
Según el grupo armado, los anuncios de envío de tropas y recursos militares a la región no han tenido un impacto real en la protección de la población.
“Los logros de las Fuerzas Militares en la región son una pantalla de humo”, afirmó el ELN, sugiriendo que los operativos son coordinados previamente con los grupos armados para evitar confrontaciones.
La Procuraduría, por su parte, manifestó su compromiso de vigilar y hacer seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir riesgos contra la vida e integridad de las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.
La entidad instó al Gobierno nacional a adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger a la población civil y enfrentar la crisis humanitaria en el Chocó.
Por último, la Procuraduría General de la Nación dejó claro que no tolerará acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de las comunidades vulnerables, dado que la paz y la convivencia en la región dependen de una respuesta contundente y efectiva ante la violencia y la impunidad.