La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila continúa marcando distancia con el Gobierno de Gustavo Petro y administraciones anteriores, enfatizando su postura contra la corrupción en Colombia. En un nuevo mensaje publicado en la red social X, la comunicadora aseguró que, de ser elegida presidenta, todas sus promesas se cumplirán y que llevará a cabo una política de transparencia absoluta, exponiendo documentos que, según ella, fueron ocultados por la clase dirigente.
Dávila, que en los últimos meses intensificó su discurso político, lanzó un mensaje contundente en el que reiteró su compromiso de luchar contra la impunidad y poner al descubierto los casos más representativos de corrupción en el país. En su publicación, señala que, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), solicitará información sobre el caso de la multinacional brasileña Odebrecht, cuyo escándalo de corrupción salpicó a diversos sectores políticos y económicos en el país.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
“Promesa para la presidencia. Haré público todos los documentos relacionados con la corrupción histórica en Colombia que la clase dirigente ha querido esconder. Empezando por Odebrecht. A través de la SFC, haré un requerimiento, respuesta que haré pública por redes, para que todo el país vea con sus propios ojos quién es el torcido ‘Colombian Official 3′ que aparece en los ‘exhibits’ del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, afirmó la red social X.
Cabe destacar que, el escándalo de Odebrecht ha sido una de las tramas de corrupción más grandes en América Latina, con sobornos multimillonarios entregados a funcionarios y políticos en varios países, incluyendo Colombia. En el país, las investigaciones involucraron a figuras de alto nivel, empresas y campañas políticas, algunas de las cuales habrían recibido financiación irregular de la constructora brasileña, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Además, el concepto “Colombian Official 3″ se ha mencionado en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso; sin embargo, la identidad de esta persona no ha sido confirmada públicamente. Vicky Dávila aseguró que su gobierno trabajará en esclarecer estos hechos, sin importar a quiénes afecten: “Toque a quien toque. Se acabó la impunidad”, enfatizó en su publicación.
La aspirante también aseguró que su plan de transparencia no se limitará al caso Odebrecht, sino que abarcará otros episodios de corrupción que han afectado a Colombia. Mencionó explícitamente irregularidades en campañas políticas, desvío de fondos públicos y vínculos de funcionarios con el narcotráfico.
“Así será en todos los temas relacionados con la corrupción histórica. Pitufos, platas ilegales a campañas, funcionarios vendidos al narcotráfico. Eso sí, del sector político que sea. Corrupción es corrupción y lanzaremos una guerra frontal”, sostuvo.
El término “pitufos” está relacionado con el caso de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, que es identificado por las autoridades como el ‘zar del contrabando’. Según información de la Fiscalía, el criminal habría encabezado una organización dedicada al tráfico ilegal de mercancías con conexiones en Europa y Asia, especialmente moviendo productos desde China y su operación habría estado en funcionamiento por más de 25 años, consolidándolo como una figura relevante dentro del comercio ilícito en el país. Además, se le acusa de haber canalizado recursos de origen ilegal hacia la campaña electoral de Gustavo Petro.
Finalmente, Vicky Dávila reiteró su compromiso con estas acciones en caso de llegar a la presidencia: “Acuérdense. Todo lo que prometo lo cumpliré”, concluyó en su mensaje.
La declaración de la periodista generó diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano. Mientras algunos sectores la aplauden por su intención de erradicar la corrupción con un enfoque implacable, otros cuestionan la viabilidad de sus propuestas y la manera en que pretende manejar información que podría estar protegida por acuerdos de confidencialidad o procesos judiciales en curso.