El Consejo de Ministros, llevado a cabo el martes 4 de febrero, generó una ola de reacciones políticas, tanto por su contenido como por la inédita decisión de transmitirlo en vivo. A pesar de que ya pasaron dos días desde su realización, el encuentro sigue siendo tema de discusión, especialmente por la fuerte crítica del senador Miguel Uribe Turbay, que calificó la reunión como un “circo” y cuestionó la capacidad de liderazgo del presidente de la República, Gustavo Petro.
La reunión tenía como propósito principal discutir la escalada de violencia en varias regiones del país, con especial énfasis en el Catatumbo, una zona fuertemente afectada por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc; sin embargo, lo que debía ser un espacio para la toma de decisiones sobre la seguridad y la crisis humanitaria en la región, terminó convirtiéndose en un escenario de desacuerdos y disputas internas dentro del gabinete ministerial.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
El senador Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, no tardó en compartir su descontento a través de sus redes sociales. En un video, el congresista expresó: “El Consejo de Ministros de Gustavo Petro es una confesión colectiva de incapacidad, incompetencia, incumplimientos y corrupción. Es evidente que Gustavo Petro perdió el control del país y representa un gran peligro para las familias colombianas. Su interés es fortalecer su proyecto político. Es soberbio, arrogante, pero nunca ha sido su interés solucionar los problemas de los ciudadanos. Afortunadamente, esta pesadilla se acabará en el 2026. Y lo cierto es que esto no es un gobierno, parece más un circo y Petro no un presidente, sino un payaso”.
Junto al video, el senador también publicó un mensaje en el que reafirmó su postura: “Petro solo está interesado en sus intereses políticos y no en resolver los problemas de los colombianos. Parece un payaso dirigiendo un mal circo. Esta pesadilla va a terminar en el 2026″.
Las declaraciones de Uribe Turbay reflejaron el malestar de la oposición frente a lo que consideran una administración desorganizada y sin dirección clara. Para muchos sectores críticos del Gobierno, el Consejo de Ministros evidenció fracturas dentro del gabinete y la falta de consenso en la toma de decisiones, situación que llevó a las renuncias de más de cuatro altos funcionarios.
Las preocupaciones de Uribe Turbay sobre el decreto de conmoción interior
Más allá de la discusión política generada por el Consejo de Ministros, otro tema que provocó debate es la crisis energética que enfrenta el país. La empresa Vanti anunció recientemente que el costo del tráfico de gas natural aumentará en un 36%, lo que generó preocupación entre los ciudadanos y sectores productivos.
Sobre este tema, Miguel Uribe Turbay también expresó sus inquietudes, al señalar que las disposiciones del decreto 132 de conmoción interior podrían afectar aún más a la población.
Según el senador, “llama la atención cómo el decreto 132 de conmoción interior le da facultades al ministro de Minas para suspender o limitar la comercialización, distribución o producción de combustibles líquidos o derivados del petróleo. Esto lo hacen supuestamente para afectar el acceso de las organizaciones criminales a estos combustibles y poder afectar su capacidad de operación. Sin embargo, esto podría afectar a la población civil, por un lado, aumentando el costo y el precio de los alimentos; por otro, generando un desabastecimiento que podría fortalecer las redes de contrabando, teniendo en cuenta la cercanía con Venezuela”.
Este decreto, que forma parte del conjunto de medidas aprobadas por la conmoción interior debido a la crisis de violencia en la región del Catatumbo, otorga al Ministerio de Minas y Energía la potestad de restringir, suspender o reemplazar los servicios de abastecimiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas combustible y derivados del petróleo. Su aplicación dependerá de la existencia de reportes de riesgo o de solicitudes emitidas por el Ministerio de Defensa, Interior, Justicia o entidades de inteligencia.