La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pilar del sistema de justicia transicional en Colombia, enfrenta un momento crítico tras la suspensión de fondos de cooperación provenientes de Estados Unidos.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la entidad, advirtió que sin estos recursos será imposible continuar con las investigaciones a exmiembros de las Farc-EP, lo que amenaza la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado.
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Desde su creación en 2017 como parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP, la JEP ha dependido en gran medida del apoyo financiero de la comunidad internacional para adelantar sus procesos. De acuerdo con Ramelli, una porción significativa de los recursos para las investigaciones en terreno y los casos de víctimas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes provienen de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El magistrado detalló que la JEP recibe aproximadamente 15.000 millones de pesos anuales de esta fuente. Con estos fondos, se ha podido avanzar en macrocasos emblemáticos que buscan esclarecer la responsabilidad de los actores armados en crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Ante este panorama incierto, Ramelli expresó su esperanza de que la suspensión sea temporal. Asimismo, agradeció al presidente Gustavo Petro por su disposición a suplir con recursos nacionales el déficit generado por la decisión del gobierno estadounidense. Sin embargo, advirtió que sin el financiamiento internacional, el trabajo de la JEP se verá severamente comprometido.
La drástica decisión de EE. UU.: cierre de Usaid
El origen de la crisis radica en la sorpresiva decisión de cerrar Usaid, entidad clave en la cooperación internacional de Estados Unidos. El multimillonario Elon Musk, quien lidera una auditoría gubernamental con el respaldo del presidente Donald Trump, anunció el cierre de la agencia tras acusarla de corrupción sistémica.
“Es un balde de gusanos. Hay que deshacerse de todo. No tiene remedio”, afirmó Musk, justificando la eliminación de una de las principales herramientas de asistencia exterior de Estados Unidos. Como consecuencia, cientos de empleados fueron expulsados del sistema informático de la agencia de la noche a la mañana, y aquellos que aún tenían acceso recibieron correos electrónicos, notificándoles el cierre de las oficinas por orden del liderazgo de Usaid.
Este movimiento, celebrado por algunos sectores conservadores y duramente criticado por la oposición, afecta no solo a Colombia, sino a diversos países que dependen de la cooperación estadounidense para el desarrollo social, la seguridad alimentaria, la educación, la salud y los derechos humanos.
El impacto en Colombia y la cooperación internacional
Colombia ha sido históricamente uno de los principales beneficiarios de la ayuda estadounidense. Según cifras oficiales, Usaid destinaba anualmente aproximadamente 1.880 millones de dólares a programas en el país. Estos fondos han sido esenciales para la implementación del Acuerdo de Paz, el fortalecimiento del Estado en zonas de conflicto y la protección de comunidades vulnerables.
El diario El Colombiano reportó que la suspensión de estos recursos por un periodo de tres meses ya ha afectado a múltiples organizaciones y entidades que dependen de la financiación internacional. La incertidumbre crece en municipios históricamente golpeados por el conflicto armado, donde diversos programas sociales y de derechos humanos han quedado en vilo.
Particularmente preocupante es la situación de las investigaciones lideradas por la JEP. Sin los recursos de Usaid, la recolección de testimonios, la implementación de audiencias en territorios apartados y la realización de peritajes técnicos se tornan inviables. Las víctimas, que han esperado por años justicia y reparación, corren el riesgo de ver sus casos paralizados.
La suspensión de los fondos de Usaid pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para mantener su compromiso con la paz y la justicia transicional. Si bien el presidente Petro ha manifestado su intención de asumir el financiamiento, la viabilidad de esta solución dependerá de las prioridades presupuestales del Gobierno y de la voluntad política del Congreso para garantizar los recursos necesarios.