En medio de una creciente polémica por la gestión de recursos públicos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó millonarios pagos por concepto de indemnizaciones a empleados cercanos a Daniel Rojas Medellín, exdirector de la entidad y actual ministro de Educación. Según un documento obtenido por la revista Semana, la SAE reportó pagos por un total de 405.737.908 pesos en indemnizaciones por despido sin justa causa, correspondientes a 17 funcionarios que, en su mayoría, estaban bajo contratos a término indefinido, dado que la entidad está regida por el derecho privado. Los pagos fueron realizados durante la vigencia de 2024 y, según el informe, los beneficiarios fueron identificados por su nombre.
Lo que genera mayor sorpresa es que, poco después de recibir estas millonarias indemnizaciones, varios de estos exfuncionarios fueron reubicados en el sector educativo. Este movimiento que incrementa los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos y la transparencia en las decisiones tomadas por Rojas durante su gestión en la SAE.
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Así mismo, un informe oficial reveló que diez personas, quienes habían sido despedidas durante la gestión de Daniel Rojas Medellín como director de la SAE, terminaron vinculándose poco después al sector educativo, liderado también por Rojas en su nueva posición como ministro de Educación.
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Entre los nombres señalados en el documento figuraron Santiago Castaño Salas, Eric Daniel Salazar Alvarado, Alexánder Méndez Cortés, Juan Carlos Bolívar Sandoval, Sebastián Rivera Ariza, Jenny Constanza Rojas Hincapié, Jennifer Daniela Callejas Núñez, John Alexánder Hernández Mejía, Liliana Castro Sánchez y Sebastián Caballero Ortega. Por concepto de indemnización tras su despido, estas diez personas recibieron en total 214.441.818 pesos. Lo llamativo fue que, tras haber salido de la SAE, muchos de ellos no tardaron en ser reubicados en el Ministerio de Educación o en entidades adscritas al mismo, bajo la dirección de Rojas.
El caso más destacado fue el de Sebastián Caballero Ortega, que percibió más de 40 millones de pesos como indemnización, convirtiéndose en el beneficiario del pago más alto dentro de este grupo. Este hecho, sumado al patrón de reubicación de los exfuncionarios, despertó críticas y sospechas de que estos movimientos pudieron estar planeados de antemano, lo que planteó serios interrogantes sobre el uso de recursos y la ética administrativa.
La trayectoria de varios exfuncionarios del SAE evidenció un patrón de reubicación que generó dudas sobre la transparencia y el uso de recursos públicos. Sebastián Caballero Ortega, un activo militante de la Colombia Humana, que incluso buscó ser secretario general de la colectividad, se desempeñó como vicepresidente de Sociedades en la SAE, con un salario aproximado de 30 millones de pesos mensuales. Tras su salida de la entidad, asumió la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, una posición estratégica dentro de un patrimonio autónomo exento de la obligación de publicar sus contrataciones, lo que aumentó las críticas hacia su nombramiento.
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Otro caso destacado fue el de Sebastián Rivera Ariza, que había ocupado la vicepresidencia Operativa en la SAE con un salario equiparable al de Caballero. Posteriormente, Rivera pasó a liderar la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, entidad encargada de manejar una parte significativa del presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Ante los cuestionamientos, el ministro negó en Semana haber influido en la renuncia de algún empleado, afirmando: “Nunca induje a ningún trabajador o trabajadora a renunciar a su empleo ni a sus derechos laborales”, un acto que, según él, constituiría acoso laboral. El exdirector de la SAE explicó que varios de los funcionarios decidieron no continuar en la entidad al no sentirse “identificados con el cambio de administración”.
Según Rojas, en lugar de presentar una renuncia unilateral, estos empleados optaron por llegar a un acuerdo con la gerencia, que él aún encabezaba antes de la llegada de Amelia Pérez como presidenta. Detalló que se firmaron acuerdos de transacción, una figura contemplada en el derecho privado, para poner fin a los contratos de trabajo de forma voluntaria y de mutuo acuerdo. Esta práctica, aseguró, protege jurídicamente a los empleadores frente a posibles disputas legales y no excedió los topes de indemnización establecidos.
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