El Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó una grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo (Norte de Santander) luego de la masacre de tres miembros de una familia en el municipio de Tibú. Desde el 16 de enero de 2025, el grupo armado empezó una masacre en varios municipios del departamento, que ya ha dejado un saldo de por lo menos 80 personas asesinadas, decenas de heridos, personas desaparecidas y secuestradas y miles de desplazados.
Buena parte de los ciudadanos que dejaron sus hogares llegaron a la ciudad de Cúcuta, donde ya hay 18.000 personas, aproximadamente, solicitando refugio, protección y ayuda humanitaria. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, solicitó ayuda a los cucuteños para tener ropa y artículos de aseo disponibles para toda la población desplazada.
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En medio de la crisis y del trabajo de la institucionalidad local para atender a todas las víctimas, la personera de la ciudad, Luddy Páez, aseguró que el Gobierno nacional no ha aportado de manera significativa a la atención de los ciudadanos.
Señaló específicamente a la Unidad para las Víctimas de no estar respondiendo de manera adecuada y con prontitud a la situación humanitaria. Presuntamente, a corte del 23 de enero de 2025, solo había enviado 500 mercados con alimentos no perecederos y 800 kits de aseo, que son insuficientes para la cantidad de desplazados que llegaron.
“No sé si necesiten más desplazados, pero creo que eso es suficiente para que el Gobierno mire hacia el Catatumbo”, indicó la funcionaria, en conversación con W Radio.
En consecuencia, la directora de la Unidad para las Víctimas, Liliana Solano, envió una comunicación a la personera de Cúcuta exigiendo una rectificación de la información que difundió en entrevistas con medios de comunicación, alegando falta de apoyo por parte del Gobierno nacional y de la entidad.
En el texto, aseguró que las cifras que maneja la Unidad son distintas a las que la funcionaria presentó públicamente, y que, además, están verificadas y cualquier ciudadano puede conocerlas.
Según detalló, entre el domingo 19 de enero y el viernes 24 de enero, se entregaron más de 138 toneladas de ayuda humanitaria. Los elementos allegados incluyen 2.857 kits de aseo y de alimentación, que alcanzan a beneficiar a 5.714 personas. De igual manera, afirmó que la entidad ha podido entregar 11.775 elementos de habitabilidad para las personas que no cuentan con condiciones adecuadas para descansar, lo que incluye cobijas, colchonetas y demás artículos que contribuyen a mejorar la situación en la que se encuentran.
La directora aseguró que continuarán organizando y allegando más ayuda humanitaria, para garantizar que todas las víctimas de desplazamiento tengan los elementos necesarios para subsistir en condiciones dignas. Adicionalmente, aclaró que los datos suministrados demuestran el compromiso de la entidad con las personas afectadas por el conflicto armado en el Catatumbo.
“En la convicción de que, en pleno cumplimiento de sus funciones y haciendo honor a la verdad, procederá a rectificar la información errónea que ha divulgado, le reitero que la razón de ser de la Unidad para las Víctimas es y será la dignidad de quienes han sufrido los efectos del conflicto armado, por encima de cualquier interés político coyuntural”, añadió la funcionaria en la misiva.
Advirtió, además, que, teniendo en cuenta que la información veraz es un derecho fundamental, la entidad se verá obligada a recurrir a mecanismos legales si se persiste en no revelar los datos verdaderos sobre la ayuda que está brindando el Gobierno nacional a las víctimas.
“Le reitero mi solicitud respetuosa de que rectifique de manera inmediata dicha información, tanto en público como ante los medios en los que fue presentada”, indicó.
Al igual que la entidad, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, desmintiendo la falta de compromiso y acción del Gobierno. “Esto es una calumnia y le pido a las autoridades nacionales encargadas de la atención de las víctimas, proceder”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.