El asesinato de tres miembros de una familia en Tibú (Norte de Santander) conmocionó al país y, además, habría detonado los enfrentamientos que se registraron el 16 de enero de 2025 en varios municipios del departamento, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Estos hechos provocaron la muerte de por lo menos 30 personas y el secuestro de otras 20.
En medio de las investigaciones sobre el homicidio de Miguel Ángel López; Zulay Durán Pacheco, su esposa; y de su hijo Miguel Hemey, fue revelado un informe de inteligencia militar en el que se detallan las razones por las cuales pudo haberse presentado la masacre. Según el documento, dado a conocer por Red+ Noticias, el trabajo de Miguel Ángel López en una funeraria le causó problemas con grupos armados ilegales en el municipio.
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“Por medio de las diferentes agencias de inteligencia presentes en la región, se pudo establecer que este hombre, quien administraba una funeraria en la zona, recibía amenazas y presiones de todos los actores armados criminales debido precisamente a su labor de recoger, preparar y enterrar a personal fallecido y asesinado, entre ellos las víctimas de uno y otro bando”, precisa el informe en cuestión.
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En las últimas semanas, el padre de familia habría realizado el levantamiento de cuerpos de personas que habrían sido asesinadas por el Frente de Guerra Oriental del ELN. Al parecer, los guerrilleros sospechaban que esas personas eran integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc o que eran colaboradoras cercanas a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, comandante de la estructura armada.
Su trabajo habría sido catalogado por el ELN como un incumplimiento a sus directrices, teniendo en cuenta que, con anterioridad, había informado que no se permitiría recoger cuerpos en la zona. No obstante, el ciudadano se encargó de hacer el levantamiento de los cuerpos a petición de los familiares de las personas asesinadas. De igual manera, los preparó y gestionó su sepultura.
Además, el trabajo que realizaba no implicaba la participación de las autoridades. Según el informe de inteligencia, debido a las difíciles condiciones del terreno y a la gravedad en materia de orden público, no es posible autorizar la movilización de una comisión de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín de la Policía Nacional.
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El asesinato de los tres integrantes de la familia sería una demostración del accionar criminal de la estructura armada en contra de la población civil que no cumple con sus exigencias. “La sevicia con la que se perpetró el hecho, da cuenta de la crueldad y el duro mensaje que quieren enviar los grupos armados ilegales que delinque en la zona. El atentar contra un ciudadano reconocido ampliamente en la región, querido y apreciado, al grado de ser casi que una figura pública (ya había salido en medios de comunicación que mostraban su trabajo y lo destacaban casi como un héroe) denotan cierto grado y afán por mostrarse poderosos y fuertes, frente y contra sus rivales”, se lee en el documento.
Luego de la masacre y de los violentos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, en los que el primer grupo armado perpetró crímenes de guerra en contra de firmantes de paz y civiles, el presidente Gustavo Petro decidió suspender las negociaciones de paz con el ELN. Posteriormente, 300 uniformados del Ejército Nacional fueron desplegados en la región del Catatumbo para hacer frente a la situación de orden público y proteger a la población.
De acuerdo con el informe de inteligencia, debido a la presión mediática que se generó tras el asesinato de la familia en Tibú, se espera una disminución en la intensidad de la disputa y, por ende, la posibilidad de una ofensiva más fuerte por parte de las autoridades en el territorio.
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