Los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) tomaron una trascendental decisión de cara a lo que viene para 2025. Eligió al abogado de la Universidad del Rosario con diplomado en Derecho Internacional Humanitario y experto en contratación pública Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, como presidente de esta.
Vargas Lleras es miembro de dicha junta directiva y tiene una amplia experiencia laboral. En la actualidad, es socio principal de la firma Vargas Abogados y Cía. Ltda., oficina de abogados dedicada principalmente a la asesoría jurídica en el campo del derecho público y del derecho privado, especialmente en temas relacionados con las telecomunicaciones, los servicios públicos, seguros y fiducia mercantil.
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Como abogado ejerce importantes asesorías en diversas entidades del orden nacional y distrital en materias de contratación estatal y régimen administrativo. Igualmente, presta asesoría jurídica a empresas del sector privado en temas de derecho comercial y societario.
“Agradezco al sector empresarial de Bogotá y a los integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio por elegirme como su presidente. Desde hoy inicio con total compromiso y ahínco dicha designación”, escribió en X tras conocerse la designación.
En el cargo será el máximo responsable de los acuerdos y decisiones que se toman en la junta.
Entre sus funciones se encuentran:
- Representar legalmente a la Cámara de Comercio.
- Dirigir las sesiones de la junta directiva.
- Cumplir las decisiones de la junta directiva.
- Convocar las reuniones de la junta directiva.
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá es responsable de:
- Planear y adoptar políticas.
- Controlar y evaluar la gestión de la Cámara de Comercio.
- Velar por el cumplimiento de la ley, los estatutos y las políticas generales.
- Asegurar que la Cámara de Comercio tenga un sistema de gestión adecuado.
- Aprobar el informe de gestión y los estados financieros.
Para el periodo 2024, los miembros elegidos por los afiliados para hacer parte de la Junta Directiva de la CCB fueron los siguientes:
- Miembro principal
Newgen SAS
Juan Carlos Bolaños.
Suplente:
Mente Independiente SAS
Juan Carlos Forero.
- Miembro principal
Concepto Jurídico y Empresarial SAS
Víctor Manuel Fonseca.
- Miembro principal
Sociedad G&G SAS
Enrique Vargas Lleras.
Suplente:
Estrategias Comerciales y de Mercadeo S.A.
Ciro Mutis Caballero.
- Miembro principal:
Inverlar Colombia SAS
Jaime Cabal Sanclemente.
Suplente:
ABC Storage SAS
Alberto Rodríguez Uribe
- Miembro principal
Promotora de Inversiones Triple A SAS
Guillermo Botero
Suplente:
Lösung SAS
Iván Botero-Páramo Gaviria
- Miembro principal
Preciado Abogados SAS
Alberto Preciado.
Suplente:
Expreso Viajes y Turismo Expreso SAS
Ricardo Urrutia.
- Miembro principal
Asesorías Negocios y Servicios S.A.
Alejandro Mejía Ortíez - vicepresidente de la junta.
Suplente:
Kaveri SAS
Mauricio Chaves Farías.
Excusas públicas de Petro a Enrique Vargas Lleras
Enrique Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro no se la llevan bien y ya tuvieron varios desencuentros. El empresario viene de ganarle un litigio al mandatario. En octubre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, decidió amparar el derecho a la honra y al buen nombre de empresario en una acción de tutela promovida contra el mandatario.
La acción de tutela fue promovida con ocasión de las declaraciones hechas en la cuenta de X y en alocuciones presidenciales en las que se señalaba que la familia Vargas Lleras estaba involucrada en las investigaciones adelantada en la Nueva EPS.
En la sentencia se indica que el presidente de la República tiene el deber de verificar previamente las informaciones públicas que hace, puesto que con ellas no puede atentarse contra el derecho fundamental al buen nombre de las personas.
La Sala señaló: “El señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”.
Además, que “en ellas se expresó que, aunque el Estado giró los recursos necesarios para ello, los miembros de la familia Vargas Lleras escondieron y no pagaron facturas por $5.5 billones, hicieron gastos billonarios innecesarios, negocios particulares y financiaron un partido político y que lo anterior, de acuerdo con lo informado por el señor presidente, llevó a la bancarrota a la citada EPS.”
Según el alto tribunal, “para hacer estas afirmaciones, el señor presidente ‘no acreditó haber agotado siquiera un mínimo de diligencia en la verificación de los hechos que informó a la población, no como apreciaciones, sino como supuestos fácticos verdaderos o demostrados…. Lo que existe al respecto es una declaración del superintendente de Salud, según la cual, durante la intervención de la Nueva EPS se detectó como hallazgo un ocultamiento financiero de facturas por cinco billones de pesos en los balances que se presentaban ante la junta directiva, por el que se adelantan investigaciones para determinar sus efectos y establecer los responsables’”.
A su vez, que en esta declaración no se señala que el accionante tuviera alguna responsabilidad por este hecho.
“Se indica que se ocultaron facturas, pero no se habla de pérdida de recursos públicos por esta suma; no se afirma que contra el accionante existan imputaciones o investigaciones dirigidas a demostrar que ordenó o autorizó realizar gastos billonarios suntuosos, innecesarios, o dirigidos a patrocinar un partido político o una campaña electoral”, finalizó el Consejo de Estado.