El 9 de diciembre de 2024, el corregimiento de Loma Alta, ubicado en la zona rural de San Juan de Betulia, Sucre, fue escenario de una tragedia que acabó con la vida de tres personas: Enrique Segundo Royero Quintero, de 59 años; su hijo Kemil Andrés Royero Pardo, de 17 años; y la novia del menor, Isabella Pernet Estrada, de 16 años.
El crimen se cometió mientras las víctimas se desplazaban en motocicleta por la vía que conecta los corregimientos de Chapinero y Loma Alta, en la zona rural de Corozal. En ese lugar, fueron interceptadas por un sicario que, según las autoridades, actuó con premeditación y saña.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Las primeras versiones descartaron que las víctimas, que iban de camino hacia Corozal para realizar trabajos en la casa de un familiar de la novia de Kemil Andrés, fueran blanco de un robo, ya que sus pertenencias fueron encontradas intactas junto a la motocicleta.
Ahora, un nuevo elemento ha complicado la investigación: la denuncia del abogado Aníbal Garay, que representa a las víctimas en este caso.
El defensor de derechos humanos señaló que existen “audios y testimonios contundentes” que vinculan a un servidor público con la masacre. Aunque no dio mayores detalles de quién se trataría, Garay expresó su preocupación ante la posible implicación de un funcionario estatal que, según él, habría podido facilitar los hechos. Por ello, exigió una investigación exhaustiva y una intervención inmediata de las autoridades competentes.
“Esto exige un análisis riguroso de las pruebas para garantizar que este caso no quede en la impunidad”, afirmó el abogado, según conoció El Tiempo, destacando la necesidad de transparencia y compromiso por parte de los investigadores.
El defensor también mencionó que este caso podría seguir el mismo curso que otro trágico homicidio que estuvo relacionado con la Policía Nacional, cuando él representó a las familias de las víctimas asesinadas por el teniente coronel Benjamín Núñez en un incidente ocurrido en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo.
“Como representante de las víctimas, me enfocaré en impulsar una investigación exhaustiva y transparente para que los responsables enfrenten la justicia”, expresó.
Testimonio clave en la investigación
Las versiones entregadas por la madre del menor asesinado, Gloria Pardo, han dado detalles claves sobre el contexto de la tragedia. Según Pardo, su hijo y su novia iban a pintar la casa del abuelo de Isabella en Corozal cuando fueron interceptados. Un detalle importante en este relato es que, al parecer, un familiar de la menor, identificado como Keisi Isabel Pernet Estrada, no aprobaba la relación sentimental de los jóvenes. Sin embargo, el día anterior al crimen, el joven Kemil Andrés había sido contratado para realizar el trabajo en la casa de su suegro.
La denuncia de un posible móvil personal detrás de la masacre refuerza la hipótesis de que el crimen no fue al azar. La preocupación de la madre de Kemil Andrés y los testimonios recogidos por el abogado Garay apuntan a que el crimen pudo haber sido orquestado por alguien cercano a los involucrados, lo que añade una capa de complejidad a la investigación.
A raíz de este terrible suceso, las autoridades locales han ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos para quien brinde información relevante que conduzca a la captura de los responsables de este triple homicidio.
Por su parte, el abogado Aníbal Garay envió un mensaje a la Fiscalía General de la Nación y a los investigadores encargados del caso: “Envío un mensaje claro y contundente: trabajen con actitud, compromiso y total transparencia”, e hizo un llamado para que se protejan los derechos de las víctimas y sus familias. “Las víctimas merecen verdad y reparación, y nuestra sociedad no puede permitirse que este caso caiga en la impunidad”, concluyó.