El futuro de Air-e, empresa encargada de comercializar energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, quedó en el aire luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos anunciara su intervención el 9 de enero. La resolución publicada por la entidad estableció que la toma de posesión se realizaría con fines de liquidación, una medida que refleja la compleja situación financiera y operativa de la compañía.
Antes de proceder con el cierre definitivo, se determinó implementar una etapa de administración temporal. Este periodo tiene como objetivo adoptar medidas para fortalecer a la empresa, buscando evitar su liquidación y garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de energía, un derecho esencial para los usuarios de la región.
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La decisión fue el resultado de un análisis detallado del Informe Diagnóstico de Gestión presentado por el agente especial designado durante la intervención de Air-e. Este documento expuso los problemas estructurales de la empresa, señalando que su situación financiera era insostenible y que su capacidad operativa estaba comprometida.
El deterioro financiero y operativo de Air-e generó preocupación entre expertos, como lo manifestó Sergio Cabrales, analista y profesor de la Universidad de Los Andes especializado en energía. Cabrales reiteró que la toma de posesión de la empresa, determinada por la Superintendencia de Servicios Públicos, tenía un enfoque liquidatario debido a la crítica situación evidenciada en sus finanzas y operaciones.
“El análisis financiero y operativo evidenció un deterioro en indicadores clave, atrasos en los pagos a proveedores y deficiencias en la infraestructura, las cuales afectan la calidad y continuidad del servicio”, afirmó Cabrales. Según sus estimaciones, las pérdidas acumuladas de Air-e alcanzarían $1,4 billones en 2024 y superarían los $2,5 billones en 2025, lo que hacía inevitable su liquidación para garantizar la prestación del servicio eléctrico y proteger los derechos de los usuarios.
En paralelo, el análisis del componente financiero realizado por la Superservicios confirmó que Air-e enfrentaba un deterioro prolongado, representado en indicadores negativos durante cuatro periodos consecutivos. Además, su flujo de caja era insuficiente, lo que había generado atrasos significativos en los pagos a proveedores, limitando la operación diaria de la empresa.
Así mismo, la decisión tomada por la superintendencia sobre la intervención se basó en la necesidad de garantizar que la empresa pudiera seguir operando y cumpliendo con su objeto social sin interrupciones. Este enfoque buscaba salvaguardar los derechos de los usuarios en la Costa Caribe, asegurando la continuidad en el suministro de energía eléctrica, un servicio esencial para la región.
La entidad explicó que esta modalidad de intervención incluía un periodo de administración temporal, diseñado para implementar medidas destinadas a abordar los problemas financieros, técnicos y operativos que afectaban a la compañía tanto en el corto como en el largo plazo. Según la superintendencia, “con la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho, y desde la Superservicios se adelantarán las medidas necesarias para que Air-e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la ley”.
Sin embargo, el informe presentado por el agente interventor, que destacaba la complejidad financiera de Air-e, generó una respuesta contundente de la junta directiva de la empresa. En una carta pública, los miembros de la junta señalaron que el informe contenía “múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada” sobre los desafíos estructurales que enfrentaba la compañía. Además, argumentaron que, a pesar de las dificultades mencionadas, Air-e alcanzó un cumplimiento del 90% en sus indicadores de desempeño y no experimentó una disminución en la calidad del servicio.
La junta directiva también destacó que la empresa logró obtener un Ebitda positivo hacia finales de 2022, lo que, según ellos, evidenciaba avances significativos en su gestión financiera. Asimismo, cuestionaron la falta de reconocimiento del cobro pendiente de $5 billones a usuarios y entidades oficiales, afirmando que “es responsabilidad del interventor gestionar esos cobros”.