El 16 de febrero de 2025 se retomarán las actividades en el Congreso de la República, en el segundo periodo que cumplirá la normativa aprobada en el legislativo, por medio de la modificación del artículo 138 de la Constitución Política, mediante acto legislativo firmado el 6 de julio de 2023.
Antes de esa fecha, no solamente se alistan los senadores y representantes a la Cámara para la discusión de varios proyectos de ley que se abordarán hasta el 20 de junio de 2025, sino que también se viene afianzando varios convenios para el funcionamiento de la rama legislativa.
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Uno de los primeros contratos conocidos por la opinión pública fue el de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el que se arrendarán camionetas blindadas hasta el 31 de julio de 2026, por un valor superior de 600.000 millones de pesos.
Para ello, la entidad firmó un contrato con la empresa Neostar Seguridad de Colombia para garantizar la disposición de los vehículos, al servicio de los parlamentarios colombianos, según información revelada por La FM, de RCN Radio.
“Con el fin de atender las necesidades de las personas en situación de riesgo, la UNP considera necesario contratar empresas que presten el servicio de seguridad y vigilancia bajo la modalidad de arrendamiento de vehículos blindados, distribuidos de acuerdo con lo señalado en las tablas de cantidades estimadas de vehículos conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por ubicación geográfica”, se lee en el documento.
Además de este convenio, la UNP y el Senado también tienen otro documento frente a la prestación de servicios de los equipos de seguridad, cuyo costo es cercano a los 30.000 millones de pesos, respectivamente.
“Al ser un convenio de asociación, el Senado aportará los recursos para cubrir los costos de los vehículos y la Unidad Nacional de Protección aportará el valor correspondiente de los hombres de protección”, resaltó la UNP en un comunicado.
Operación del Canal del Congreso
De otro lado, el Senado estableció un nuevo contrato para el servicio de operación y producción de contenidos del canal del Congreso de la República, donde fue escogido la operadora de televisión Telecaribe para el cumplimiento de dicho documento, firmado el pasado 13 de diciembre de 2024.
De acuerdo con una investigación de El Tiempo, para la selección del operador del Canal del Congreso, se presentaron otras entidades como Telepacífico, RTVC, Canal Tro. No obstante, el Senado eligió a Telecaribe para la operación del medio de comunicación, quedando establecido hasta el 31 de diciembre de 2025.
Según lo revelado por el medio de comunicación, el contrato 1452 de 2024 tiene un valor cercano a los 11.745 millones de pesos, que fue firmado por Astrid Salamanca, en calidad de directora general del Senado de la República. Para el primer periodo de 2024, el contrato para la operación del Canal del Congreso fue de 4.817 millones de pesos, que quedó a cargo del Canal Regional De Televisión Teveandina.
De igual manera, el Senado firmó el contrato 1455 del 19 de diciembre de 2024 para la prestación del “servicio de preproducción y producción de productos audiovisuales para el senado de la república”, donde también fue escogido la operadora de televisión Telecaribe, cuyo monto supera los 2.943 millones de pesos.
Según lo dispuesto entre las partes, Telecaribe estará a cargo de la realización de productos audiovisuales, con una duración máxima de 30 minutos, de los cuales, dos se hicieron en el año 2024 y 52 productos para la vigencia del 2025.
Otros contratos
De igual forma, el Senado firmó un contrato con la empresa Geocapital S.A., por un costo de 8.615 millones de pesos, con el fin de suministrar e instalar varios equipos y elementos para la ampliación, modernización y actualizar sistema video que estarán tanto en el salón del Senado, al igual que en las comisiones constitucionales.
Finalmente, se encuentran varios convenios referentes al arrendamiento de espacios donde se desarrollarán varias actividades legislativas, como el contrato 1453 de 2024, entre la corporación y la sociedad Leddy Edith Barbosa de Peralta e hijos S EN C, donde pidieron un espacio en la carrera 5 # 10-69, en el centro de Bogotá, donde sesionará la Comisión de Derechos Humanos, así como la realización de audiencias y foros públicos.