El Consejo Gremial Nacional, en su compromiso con el bienestar de los colombianos y el desarrollo económico de las regiones, expresó una profunda preocupación ante el apagón financiero energético que afectó al departamento de Vichada en el inicio de 2025.
La situación reportada por Electrovichada se atribuyó a la falta de giros del Ministerio de Minas y Energía, que adeuda $1.600 millones en subsidios de tarifa al proveedor Refoenergy, correspondientes a la energía suministrada desde marzo de 2024.
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De acuerdo con varios gremios del sector energético, se reporta a la fecha deudas acumuladas de $2,4 billones en energía eléctrica y $628.000 millones en gas natural, correspondientes a subsidios no pagados durante 2024. “La ausencia de estos recursos ha desbordado la capacidad financiera de muchas empresas, que enfrentan dificultades para cubrir costos operativos, pagos a proveedores y salarios, y que, en algunos casos, podrían verse obligadas a suspender el servicio”, manifestó el CGN por medio de un comunicado.
Llamado al Gobierno nacional
Por eso, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional para que priorice el pago de los subsidios y la opción tarifaría solicitada desde hace varios meses. Adicional, solicitó al mismo lo siguiente:
- Desembolse los valores adeudados a las empresas para garantizar el flujo de caja necesario que permita sostener la operación.
- Ajuste el Presupuesto General de la Nación 2025, destinando los recursos requeridos para cubrir los subsidios faltantes y evitar el desfinanciamiento del sector energético.
- Facilite mecanismos como la titularización de la deuda y el cruce de cuentas tributarias, tal como lo permite el Decreto 1244 de 2013.
- Redefina los criterios de asignación de subsidios, focalizando los recursos hacia la población más vulnerable para garantizar tarifas accesibles de energía y gas.
Recordó el Consejo Gremial que los subsidios otorgados por las empresas del sector están amparados en la Ley 142 de 1994 (régimen de los servicios públicos domiciliarios) y normas conexas, que establecen las bases para su financiamiento y redistribución. “Exhortamos al Gobierno nacional a cumplir con estas obligaciones legales, esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema energético y proteger los derechos de los ciudadanos”, insistió el mismo.
Advirtió que, a la crisis sistémica anotada, se suman decisiones recientes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía, relacionadas con la intervención antitécnica del mercado, en aspectos que a alejarán las inversiones que requiere el sector, aumentarán los precios de la energía y afectarán la sostenibilidad financiera de todos los agentes de la cadena, en perjuicio de los usuarios.
Dos solicitudes inmediatas
Sobre el particular, hizo dos solicitudes;
- La revisión inmediata de la Resolución CREG 101 066, relacionada con los nuevos precios de escasez que aplicarán a futuros procesos de asignación de obligaciones de cargo por confiabilidad.
- La revisión inmediata de la propuesta de decreto del Ministerio de Minas de disponer de un porcentaje máximo del 5% de la venta de la energía en bolsa a cargo de empresas generadoras que utilicen tecnologías renovables convencionales y no convencionales, para el mercado regulado. Esto no solo no soluciona en forma alguna la problemática que pretende atacar, sino que, por demás, distorsiona artificialmente el mercado mayorista, alterando sus reglas y desincentivando la participación eficiente de los agentes, genera inequidades de trato entre diferentes tecnologías de generación, y resulta incompatible con los objetivos de sostenibilidad ambiental y transición energética eficiente.
Finalmente, instó al Gobierno nacional para que tome las medidas necesarias y haga los pagos pendientes de los subsidios y la opción tarifaría. De no hacerlo, esta problemática se extenderá a varias regiones del país y afectará, principalmente, a pequeñas empresas públicas, privadas y mixtas que dependen de estos recursos para operar.