Cada inicio de año los peajes son tema de conversación y debate en el país. Recientemente, se ha sabido un proyecto de ley presentado en el Congreso de Colombia que podría cambiar los criterios de aplicación y existencia de los peajes, estableciendo una distancia mínima de 150 kilómetros entre los mismos, regulando los incrementos tarifarios de las concesiones viales.
La iniciativa es de los senadores Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, y Álex Flórez, del Pacto Histórico, que busca poner freno a lo que consideran un modelo inequitativo de financiamiento de infraestructura vial.
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Una propuesta con mirada crítica al modelo actual
El proyecto de ley establece que las nuevas reglas se aplicarán únicamente a concesiones futuras y a la renovación de contratos vigentes, dejando exentas las estructuras tarifarias y de ubicación de peajes existentes. Esto se plantea como un intento de equilibrar las necesidades del desarrollo vial con las preocupaciones de los ciudadanos.
“Las concesiones dividen los tramos de las vías en secciones cada vez más pequeñas para justificar la instalación de más peajes, muchas veces sin consideración por el impacto en los usuarios,” afirmó el senador Fabián Díaz. Esta situación ha llevado a que Colombia encabece la lista de países con más peajes en América Latina, superando incluso a naciones más grandes como Brasil y México.
Un debate económico y social
Actualmente, Colombia cuenta con 180 peajes, mientras que Brasil y México tienen 120 y 87 respectivamente, según datos presentados por el senador Díaz. Estas cifras han suscitado un acalorado debate sobre cómo financiar el mantenimiento y expansión de la infraestructura vial sin sobrecargar a los usuarios. La instalación y operación de tantos peajes ha sido percibida por sectores de la población como un obstáculo al transporte terrestre, impactando tanto a particulares como a sectores económicos dependientes de la logística.
El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate, destacando que los recientes incrementos en las tarifas de peajes responden a decisiones de gobiernos anteriores enfocadas en la privatización de las vías. Su declaración subraya la necesidad de replantear el modelo actual de concesiones viales.
Dificultades en el Congreso
Pese a la relevancia del tema, el proyecto ha enfrentado resistencia en el Congreso, donde ya ha sido rechazado en cinco ocasiones por falta de debate. “Algunos congresistas eluden esta discusión, tal como ocurre con propuestas relacionadas con la reducción de salarios,” explicó el senador Díaz, evidenciando los desafíos políticos para avanzar en esta materia.
El objetivo central de esta iniciativa es modificar el esquema actual de financiamiento de las vías en Colombia. Los proponentes argumentan que el desarrollo de infraestructura no puede depender exclusivamente de la instalación de peajes adicionales, especialmente en un contexto donde el costo del transporte terrestre afecta directamente la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate sobre el costo del transporte y la sostenibilidad de las vías se mantiene como un tema prioritario en la agenda nacional. La discusión promete ser intensa, pero podría marcar un cambio significativo en cómo Colombia planifica y financia su infraestructura vial a largo plazo.
Pronunciamiento de ministra de Transporte sobre aumento en precio de peajes
Con un decreto expedido el 31 de diciembre, el Gobierno firmó el aumento de precios en casi todos los peajes del país, decisión que ha provocado críticas y respuestas en el mundo político.
María Constanza García, ministra de Transporte, señaló que estos aumentos están contemplados en un cronograma realizado por la cartera de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), el cual, están previstos para enero y abril de 2025.
“La decisión que tomamos con el equipo del Ministerio de Transporte, con el de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, está soportada en la suma de realidades que se vivieron en 2024: una alta conflictividad social alrededor de algunos peajes, los incrementos del diésel y un ajuste en el costo del transporte de carga por actualización de variable que generó un incremento del 14 por ciento”, explicó la ministra García en su columna de opinión publicada en El Tiempo.